Tal como escribí en mi anterior entrega, el asunto de las pensiones ha llegado para quedarse entre nosotros. Es un tema de finanzas públicas que, en México y el mundo, está siendo analizado con seriedad a fin de hallarle soluciones integrales.
Atribuyen a Lenin haber dicho: "Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Actúa". Afortunadamente, hay señales positivas en México de atención al problema y de acciones en puerta. La nueva administración federal está abierta a escuchar, además la Asociación Mexicana de Afores (Afores) ha relanzado la discusión y el análisis para afrontar este reto. Hay, pues, actores deseosos de ser parte de la necesaria solución.
Percibo un gran interés de diversas entidades y de la autoridad de no hipotecar el futuro del país y ofrecer una cobertura justa y generalizada para la población que espera, y merece, una pensión. Como sociedad, debemos encargarnos de un retiro digno para los miles de hombres y mujeres que dieron su mejor esfuerzo al país.
Como sabemos, la seguridad social es un reto que debe encararse de manera urgente y con la mayor prioridad. Es un fenómeno sobrediagnosticado con serias deficiencias en alcance, congruencia, justicia social, suficiencia y solvencia.
Además, ejerce desde ya una fuerte presión en el presupuesto federal: De 2000 a 2017 el gasto en pensiones y jubilaciones se incrementó de 1 a 3.5% del PIB actual, más lo que se viene con el paso del tiempo. No es sólo una responsabilidad de Estado, sino también un compromiso social — incluso moral— con las generaciones que actualmente están en la fuerza productiva y en algún momento dejarán de laborar.
Para darnos una idea del impacto del problema, estamos hablando del tercer rubro más importante del gasto público, después de educación y el pago de intereses de la deuda.
A fines de septiembre de este año, el IMEF dio a conocer un diagnóstico y una propuesta integral para atacar este desafío impostergable. Crear un Instituto Nacional de Pensiones, regido por un Sistema Nacional de Pensiones, introduciendo una pensión universal financiada con recursos públicos, son parte substancial de esta iniciativa.
Entre las diversas acciones sugeridas por el Instituto, dentro del apartado de impulso a la reforma integral en esta materia, proponemos flexibilizar el régimen de inversión de Afores, reducir las comisiones que cobran éstas, instaurar la portabilidad entre los sistemas imperantes en México, desarrollar planes personales con ventajas adicionales y hacer obligatorio un plan de pensiones en cada empresa que tenga ventajas fiscales.
Además, sugerimos la eliminación de los retiros anticipados en Afores, junto con el estricto cumplimiento del régimen de inversión de estos instrumentos, al tiempo de ampliar las modalidades de retiro impulsando el mercado de rentas vitalicias.
No menos importante será reformar los sistemas estatales de pensiones y de universidades públicas sin transición a cuentas individuales.
El IMEF reitera que al reformar el sistema pensionario, podremos dar el impulso que necesita el crecimiento sostenido de nuestro país. Y así evitar una crisis social de grandes dimensiones.
Lo importante es que el tema sigue en la mesa y varios actores y protagonistas lo estamos encarando. Hoy en día actuamos para ser parte de la solución y no del problema.