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Empresarios y año electoral

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Empresarios y año electoral

14/01/2021
columnista
Fernando Villela
Académico de la Facultad de Empresariales Universidad Panamericana

El 2021 es año electoral en México. Los ciudadanos estamos llamados, a nivel federal, el 6 de junio a las urnas para renovar la cámara de diputados. Es verdad que las elecciones intermedias y legislativas no generan el interés que generan las elecciones presidenciales cada seis años, sin embargo, marcan la historia del sexenio pues pueden facilitar u obstaculizar los planes y proyectos del presidente.

En un ambiente político polarizado, con un presidente que gusta de dividir, con la economía en recesión y en medio de una pandemia muy mal manejada, las elecciones de este año se vuelven mucho más importantes. Y los empresarios deben tener presente la importancia de lo que se juega. y las opciones que existen: un nacionalismo revolucionario reciclado (MORENA), neoliberalismo “reformado” (PAN-PRI) y una socialdemocracia intrascendente (MC). No parecen ser las opciones ideales frente a los problemas que el país enfrenta, pero como cualquier buen director de empresa sabe; hay que trabajar no con los recursos que nos gustaría tener sino con los que se tienen.

Durante el 2020 más de un millón de empresas, en su mayoría pequeñas y medianas han cerrado. Esto tiene tres causas: (1) las malas decisiones en política económica previas a la Pandemia, (2) el Covid que ha mermado la demanda y la oferta de bienes y servicios; (3) el prácticamente nulo apoyo del Estado a las empresas.

Ante este escenario ¿cuáles deberían ser las principales preocupaciones de los empresarios frente a las elecciones? Aquí presento tres.

En primer lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho. En México la impunidad sigue siendo la constante. Solo el 1.3% de las víctimas alcanzan justicia. El crimen, sin importar el color de su cuello, se mueve libre y rampante por el país. La ley es una sugerencia. En este ambiente la actividad empresarial y el desarrollo económico no se pueden dar. No solo por el riesgo que implica un robo, secuestro o asesinato sino por la falta de certeza jurídica a la hora de invertir en México.

Desde el emprendedor que puede perder todo su dinero por la corrupción y extorsión a la hora de obtener los permisos hasta las grandes inversiones en proyectos de millones de dólares, amenazas por “consultas populares” arregladas y tramposas, la falta de Estado de Derecho es uno de los obstáculos más importantes para el correcto funcionamiento de la actividad empresarial.

Por otro lado, los empresarios deben presionar con su voto por un gobierno amigable y cercano a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. La actual administración no gusta de las empresas. En su afán por controlar todos los aspectos de la vida pública de México ve a la libre empresa como desconfianza. Esto lo lleva a ver a las empresas no como el motor que impulsa la producción y distribución de la riqueza sino como un mal necesario que debe acotar y mermar.

Es verdad que, con algunas honrosas excepciones como Juárez, Díaz y Madero, el gobierno mexicano nunca ha sido promotor de la libertad económica y de la actividad empresarial. En México los trámites burocráticos, el exceso de regulación, los altos impuestos son un impedimento para las empresas. Incluso durante los gobiernos “neoliberales” no se fortaleció un libre mercado sino un capitalismo de compadres.

Los empresarios deberán fijarse al votar en aquellos candidatos que propongan la reducción de permisos, trámites y regulaciones a la actividad empresarial y que se comprometan a apoyar el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Por último, la defensa de las instituciones y organismos autónomos. Algunos sectores de la administración pública no pueden estar al capricho del político en turno y necesitan criterios técnicos y no políticos en sus procesos de toma de decisiones. En los últimos años México fue creando un andamiaje institucional que profesionaliza el servicio público. Es verdad que no es un sistema ni perfecto ni completo (por ejemplo falta concretar el sistema nacional anticorrupción). Pero es innegable que la transparencia, limitar el poder de los gobernantes, su rendición de cuentas y la eficiencia y el profesionalismo de la actividad pública en México, dependen de la existencia de Organismos Públicos Autónomos hoy amenazados.

Todo político o partido político o coalición electoral que busque el apoyo del empresariado mexicano, de aquellos que arriesgan su capital, invierten su tiempo, habilidades y esfuerzo en la generación de riquezas, debe fijarse en estos tres puntos. Que en su conjunto pueden servir para impulsar a las empresas mexicanas, el libre mercado y el incremento del bienestar de todos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.