Se restringe más información a pesar de ser un deber proporcionarla, pero eso no es noticia desgraciadamente. Las obligaciones de hacer pública la información oficial —no solo a transparentarla de manera permanente, sino a responder correctamente las solicitudes ciudadanas—, están vigentes desde hace veinte años, aunque de manera más precisa y enérgica desde 2015. Sin embargo, en paralelo, el acceso a la información como un derecho permanece con indicadores modestos porque, todavía, poca parte de la población ha estrenado su derecho a saber a través de la mecánica institucionalizada. Así las cosas, la lectura de las cifras podría ser de algún modo esperanzadora.
Por ello creo que la noticia de las cifras o el recuento estadístico nos obliga o nos invita a ponderar los indicadores democráticos que esta cuestión implica, merecen análisis para dar a cada factor su correcta interpretación. O al menos, una consideración más atinada a las impresiones maniqueas, de blanco o negro, de todo o nada.
El impacto mediático es que el INAI cerró 2022 con cifras que deben llamar la atención, en 2021 se tramitaron 16 mil recursos en contra de respuestas de las instituciones y las dependencias oficiales, que pasamos a 24 mil en 2022, casi un 50 por ciento más en un año. A cualquiera esa lectura le parecerá negativa.
Empero están creciendo dos situaciones: una buena y otra mala. La primera, la que es saludable y que debemos valorar en positivo es que la gente, los ciudadanos, se están inconformando más por la vía institucional en contra de las malas respuestas del gobierno cuando han utilizado los mecanismos institucionales para pedir información a través de solicitudes de información tramitadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La otra cara del asunto, es de lectura negativa, significa que a pesar de tratarse de un deber institucional, las dependencias siguen incumpliendo y acudiendo a pretextar evadir su deber y a persistir en la resistencia pasiva o hasta frontal, la postura es denegar la información, ya sea declarando inexistente información que debe tener o aduciendo que no les toca a esa dependencia la temática de que se trata, cuando eso es a todas luces inexacto o hasta francamente falso; o simplemente esmerados en entregar menos de lo solicitado y ya con ello intentar que los solicitantes desistan por frustración.
Por esa razón insisto, que hubieran aumentado los recursos de revisión en contra de las respuestas de las dependencias oficiales, recursos que resuelve el INAI, reflejan un dato que se debe aquilatar, primero que la gente quiere y requiere más información pública para su diario vivir y eso es bueno porque refleja un aumento en el ánimo crítico de la sociedad que deja la impotencia por temor o la comodidad resignada al combatir las malas respuestas del gobierno.
Es cierto, hace falta que veamos las cosas con ojos diferentes, el deber de informar que tiene el Estado y sus agencias las dependencias es un deber de gran importancia, porque de ese deber depende el éxito de muy buena parte de los procesos de la gestión pública, incluido el más amplio aprovechamiento de las oportunidades cívicas y el discernimiento de los programas sociales que deben estar previstos y ejecutados en términos de equidad comprobable. Cuando el Estado falla urge que la sociedad lo exhiba y en consecuencia, que lo busque remediar. Eso es pensar en clave democrática.
El autor es comisionado del INAI.