Mientras en el sexenio de Enrique Peña Nieto se comprobó que hubo espionaje selectivo en perjuicio de periodistas críticos al gobierno, activistas de causas urgentes para la democracia y de líderes de oposición, se renueva el escándalo. Ahora se incrimina a la Sedena.
Entonces, el siniestro procedimiento de sofisticada invasión a la privacidad, como al parecer ahora, fue a través del dispositivo celular mediante un “malware” que controla toda la información de las víctimas. Tan perversa operación fue desarrollada contra personajes molestos para el Presidente en turno por el señalamiento sostenido de abusos, excesos y hasta pifias. La reprochable acción propia de un régimen autoritario, tuvo verificación entre 2016 y 2017. O sea, entre el cuarto y el quinto año del mandato del anterior titular del Poder Ejecutivo Federal y, de cara a los comicios presidenciales de 2018.
Actualmente, según se ha venido aseverando, la intrusión desautorizada a la vida privada de “enemigos del presidente” se limitó a comunicadores que no hacen promoción y apología de la gestión pública de la administración federal, es decir que le exigen explicaciones y le señalan omisiones. Aunque pronto, habrá certezas al respecto, curiosamente, estamos entre el cuarto y el quinto año del sexenio y, en la antesala a las elecciones de 2024.
Según los resultados de una investigación del centro de investigación de la Universidad de Toronto “Citizen Lab”, el Estado –durante 2016 y 2017– utilizó el malware Pegasus para espiar las actividades de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, políticos y miembros de la sociedad civil a través de sus teléfonos inteligentes.
El INAI emitió la resolución el 20 de febrero de 2019 a la entonces PGR (Procuraduría General de la República) por haber violado la ley de protección de datos personales con la compra y uso de Pegasus (sin la correspondiente autorización judicial) por lo que ordenó la presentación de denuncias ante el Ministerio Público para sancionar a los responsables. En realidad, la resolución del INAI fue dirigida a la Fiscalía General de la República (2019), que, como organismo constitucional autónomo, recibió todos los acervos, archivos y enceres de la extinta PGR. La consecuencia de aquel penoso acontecimiento tuvo efectos internacionales: suspendió la actividad del Sistema Nacional Anticorrupción, en tanto se retiró de la mesa el sector social de ese esquema tripartito. El INAI reaccionó de inmediato con indignación y comenzó de oficio la investigación que hemos referido.
Juan Manuel Casanueva, entonces director de SocialTIC y representante del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto, dijo: “…el gobierno de la pasada administración usó herramientas de ciberguerra que son legítimas para combatir al crimen organizado y el terrorismo en contra de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil…”
Al margen, conviene hacer algunas conjeturas. De confirmarse la noticia, sería terrible que hubieran repetido la historia que en su momento condenaron y, además, porque, ahora se atribuyen esas tácticas al Ejército, que tanto juego ha tenido en la vida nacional y, que hasta no hace mucho gozaba como institución de un enorme respeto por la población mexicana.
El autor es comisionado del INAI.