El pasado 2 de agosto el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM) dio a conocer el resultado de los trabajos de identificación de los ‘puntos de giro’ de la economía mexicana de 1980 a 2020. El Comité identificó doce puntos de giro que enmarcan seis recesiones y cinco periodos de expansión. La responsabilidad del Comité se limita a identificar y comunicar las fechas de los puntos de giro, por lo que no se pronuncia sobre las causas de las recesiones ni sobre la política económica instrumentada. Así, a título personal comentaré sobre las seis recesiones identificadas por el Comité en este espacio. La semana pasada comenté sobre la primera recesión (’Crisis de la deuda externa en México 1981-1983′, 16 de agosto) y en esta ocasión comentaré sobre la segunda recesión a la que decidí llamarle: ‘Crisis cambiaria de 1985′, comprendida entre septiembre de 1985 y diciembre de 1986.
La recesión identificada por el Comité en este ciclo inició en septiembre de 1985, detonada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que afectó principalmente la Ciudad de México. Si bien la economía había observado poco más de dos años de recuperación, las profundas secuelas que dejó la suspensión de pagos de 1982-1983, así como los efectos de la expropiación de la banca y las políticas de ajuste –sobre todo en el gasto y la inversión pública–, hicieron que el nivel de actividad económica de México todavía no se recuperara del todo a su nivel prerecesión de noviembre de 1981. Desafortunadamente, el terremoto no fue lo único que provocó esta recesión. La crisis de la deuda de 1982 distaba mucho de ser resuelta, a pesar de los esfuerzos que había llevado a cabo el gobierno. En este sentido, el gobierno mexicano había pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un paquete de apoyo extendido (Extended Fund Facility o EFF) a finales de 1982, con una duración de tres años.
A finales de 1983 México cumplió los objetivos que se habían acordado con el FMI. Sin embargo, al observar la profundidad de la crisis en México, el FMI optó por ofrecer al gobierno mexicano un acuerdo multianual de reestructuración o MYRA (Multi-Year Reestructuring Agreement), para que se pudiera continuar con el programa del FMI más allá de 1985, hasta 1987. Para llevar a cabo este acuerdo, el FMI estableció una serie de mecanismos de monitoreo para vigilar el cumplimiento de los compromisos de manera periódica, bajo el artículo IV (que fue reformado en 1976). El cumplimiento de los compromisos aseguraría que el gobierno mexicano tuviera acceso a los diferentes ‘tramos’ del crédito pactado. Sin embargo, en 1984 el FMI llevó a cabo dos advertencias: (1) El ajuste de la balanza de pagos se estaba dando por una reducción en las importaciones y no por un estímulo a las exportaciones; y (2) el nivel de tipo de cambio estaba sobrevaluado significativamente, al no permitir una trayectoria de devaluación acorde con la dinámica de la economía, principalmente por la inflación, sobre todo impulsada por el fuerte incremento de los sueldos.
Desafortunadamente la situación era muy compleja y al gobierno de México le estaba costando mucho trabajo manejar el país y al mismo tiempo cumplir con los objetivos acordados con el FMI. La situación política complicaba enormemente esta labor. Así, al no cumplir con los compromisos del MYRA, el FMI ya no permitió que se llevará a cabo el siguiente desembolso del crédito en agosto de 1985. A pocas semanas de este suceso sobrevino el peor terremoto que ha azotado a México en la época contemporánea. Dos terremotos, uno de 8.1 grados en escala de Richter el 19 de septiembre de 1985 y otro de 7.5 el día siguiente dañaron severamente la infraestructura de la Ciudad de México y la capacidad económica del país. El impacto de los temblores en la actividad económica tuvo dos fases. La primera en la que hay una disrupción de la actividad económica, tanto por el choque inicial como por la destrucción de infraestructura que limita las actividades ‘normales’. No obstante lo anterior, la segunda fase es la de reconstrucción, que implica un incremento significativo de la actividad económica desde la remoción de escombro hasta la reconstrucción. Desafortunadamente, aun con este esfuerzo de reconstrucción, la economía mexicana observó una recesión que duró 15 meses y que no fue hasta octubre de 1988 que se alcanzó el nivel de la ‘cresta’ de este ciclo. El FMI estima que los terremotos hicieron que México incurriera en pérdidas económicas por más de 3.5 puntos del PIB. Al final, el FMI acordó con el gobierno de México brindar asistencia ante el terremoto e iniciar negociaciones para un nuevo plan, a partir del anterior.
Cabe destacar que el temblor vino acompañado de una estrepitosa caída del precio del petróleo, adicional a la tendencia decreciente que se había observado desde 1980. En esta ocasión, el precio del crudo se ajustó de 29.08 dólares por barril (dpb) en septiembre de 1985, a 13.26 dpb en febrero de 1986 (-54.4 por ciento). En esta recesión, el peso tuvo que ser devaluado en 200 por ciento, que llevó a la tasa de inflación anual a niveles por arriba de 100 por ciento a finales de 1986 y que continuó hasta llegar a su nivel máximo histórico en 179.7 por ciento, en febrero de 1988. Así, en esta recesión el nivel de actividad económica cayó 5.6 por ciento-pts (0.4 por ciento-pts por mes) y la fase de recuperación tuvo una duración de 96 meses, la segunda más larga en el periodo de análisis del CFCEM. Por último, cabe destacar que parte de los compromisos con el FMI fue promover el comercio internacional. De hecho, esto llevó a México a formar parte del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (o GATT por sus siglas en inglés) en 1986, en donde se construyeron los pilares para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
* El autor es economista en jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.
* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.