México goza de un alto nivel de estabilidad macroeconómica, que muchos emergentes ni siquiera aspiran lograr en el mediano plazo. La fortaleza del peso, reflejada en el tipo de cambio peso-dólar, la inflación de un dígito y con tendencia a la baja, así como la confianza en un sistema financiero sólido, no solo ocurre por mantener la disciplina fiscal y respetar la autonomía del Banco de México. No hay duda de que ambas son clave, pero existe toda una historia detrás que nos ha llevado al lugar privilegiado en el que estamos, al menos en materia de estabilidad macroeconómica. En mi opinión, han sido quince los pilares de la estabilidad macroeconómica en México, empezando por la firma del (1) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992 y que entró en vigor en 1994. Este tratado brindó a México un modelo de economía de mercado y mejoró el Estado de derecho, dado que los tratados internacionales se encuentran casi a la par de la Constitución, no pueden ser modificados por la legislatura de un solo país y tienen un mejor cumplimiento que las leyes de nuestro país; (2) reestructura de la deuda gubernamental de 1989. Esta reestructura permitió a México disminuir la deuda de 95 por ciento del PIB en 1987 a 29 por ciento del PIB en 1989. Desafortunadamente no fue el último problema de deuda que tuvo México. Siguió diciembre de 1994, pero la reestructura de 1989 fue clave para salir del problema –con una deuda de cerca de 25 por ciento del PIB en 1994–, y poder instrumentar el modelo de mercado con el que hoy vive nuestro país.
(3) Autonomía constitucional del Banco de México en 1994, en donde se modificó el artículo 28 de nuestra Constitución que dice a la letra “[...] El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.”; (4) creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, que permitió modificar el ahorro para el retiro de un sistema de “beneficio definido” (o pay as you go) a un sistema de “contribución definida” (o fully funded) y solucionar un problema tipo “bola de nieve” que se veía venir con una población que tiene cada vez un menor número de hijos, por lo que eventualmente tendrá una proporción de personas adultas mayores más grande, que de jóvenes en edad de trabajar y con un gobierno que terminaba gastando esos recursos al no estar asignados directamente a los trabajadores; (5) creación de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) en 1997, que permitió al sector privado participar en el SAR con cuentas individuales para los trabajadores, dando certeza de que el dinero realmente era de los trabajadores y no del gobierno. Asimismo, se profesionalizó el cuerpo de administradores que toman las decisiones de inversión y dio inicio la creación de la curva de rendimientos de los bonos mexicanos denominados en pesos.
(6) Reforma judicial de 1994, que creó la Suprema Corte como la conocemos hoy, que defiende nuestra constitución; (7) adopción de un régimen de tipo de cambio flexible; (8) creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en 2002, dado que la transparencia es clave para que funcione una economía con lógica de mercado; (9) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) de 2006, que impuso un marco legal a las finanzas públicas para impedir el crecimiento acelerado de la deuda pública; (10) reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, que entre otras cosas, dio origen a PensionISSSTE y cambiar a los trabajadores del Estado afiliados a dicho instituto a un sistema de contribución definida, en el mismo marco con el que opera el sector privado con las Afore.
(11) Autonomía del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en 2008. Hemos visto que en países con tendencias autoritarias llegan a modificar los criterios con los que se calculan algunos datos económicos clave, como el índice de precios al consumidor o el PIB, con tal de que les beneficie o al menos no les perjudique, haciéndolas inservibles y entre muchos otros problemas, dificulta el entendimiento de la historia económica del país; (12) reforma penal de 2008, en donde se incorporan los juicios orales; (13) adiciones a la LFPRH, como la regla de gasto estructural, en 2014, que complementa la ley para reforzar las limitaciones al crecimiento de la deuda; (14) el marco jurídico y de supervisión de la banca mexicana, que permitió en 2013 que México fuera el primer país en el mundo en cumplir con los criterios de capitalización de Basilea III y poco después también con los criterios de liquidez.
Algunos piensan que la mayoría de las reformas que ha propuesto el presidente López Obrador dan pasos para atrás en materia de democracia, transparencia y economía de mercado. Sin embargo, al menos hay una que no, que ayuda a continuar apuntalándolo: (15) reforma de pensiones de 2020, en donde se incrementa gradualmente la contribución obrero-patronal que va al ahorro para el retiro. Esto logrará que el trabajador pueda retirarse con una pensión más parecida a su último sueldo, que también se le conoce como tasa de reemplazo. Sin la mayoría de estos pilares, los bonos denominados en pesos de del gobierno mexicano no hubieran podido formar parte de índices globales como el WGBI (World Government Bond Index) o México no sería considerado país con “grado de inversión”.
* El autor es economista en jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.
* Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.