Varias de las reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso el 5 de febrero se escuchan muy bien a primera vista. La reforma política que plantea la reducción en el número de diputados y senadores es una de ellas. Asimismo, la idea de que en lugar de que el presidente nombre a un ministro de la Suprema Corte y el Senado lo ratifique, ahora sea el pueblo quien lo escoja también suena muy bien. Además, por qué habría que pensar que hay una menor separación de poderes, si el presidente ya no los va a nombrar. Desafortunadamente, como comentaré en este espacio, considero que ninguna de las reformas que el presidente envió al Congreso abonan algo positivo al país y como dicen una gran cantidad de columnistas, intelectuales y académicos: Son pasos grandes para atrás en el desarrollo democrático de México. Estamos regresando al poder de una sola persona. Lo bueno, en esta ocasión, es que considero que esa persona, Claudia Sheinbaum, va a hacer un buen gobierno, pero por ella, no por las instituciones, que aparentemente ya no estarán presentes o tendrán un peso mucho menor. Asimismo, a México le va a ir bien económicamente con el nearshoring, debido a que es de los muy pocos países que se puede beneficiar realmente (“‘Nearshoring’: ¿Mito o realidad?”, 21 de mayo). Los participantes de los mercados financieros a nivel global lo saben y en la medida en que se respeten los tratados de libre comercio, no se toque la autonomía del Banco de México y la del INEGI, se mantenga el régimen de tipo de cambio flexible, continúen los esfuerzos por cumplir los altos estándares en materia de regulación financiera global y se mantenga la prudencia fiscal, el país marchará relativamente bien.
¿Por qué considero que la reforma política no solo no resuelve los problemas de esta índole en nuestro país, sino que los exacerba? Existen varias razones que detallo en “¿Qué tan buena o mala es la reforma electoral de AMLO?” (8 de noviembre, 2022), pero destaco tres y actualizo algunos aspectos, de acuerdo a la última propuesta enviada al Congreso: (1) Se plantea que la nueva autoridad electoral o Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) –que reemplazaría al Instituto Nacional Electoral (INE)–, sea dirigido por nueve consejeros (en lugar de once) elegidos por medio del voto ciudadano, en el que la población vota por los más carismáticos y no por los que realmente tienen la preparación y experiencia para cumplir cabalmente con su mandato; (2) disminución del financiamiento a partidos, que podría propiciar que los partidos busquen fuentes alternativas de financiamiento no necesariamente legales; y (3) se plantea bajar de 40 a 30 por ciento el porcentaje mínimo de participación ciudadana para hacer vinculante la revocación de mandato. Considero que esto puede aumentar la ingobernabilidad en momentos difíciles, sin que necesariamente el jefe del Ejecutivo esté tomando acciones de política erróneas. A esto se agrega la disminución significativa del presupuesto al INE, en el que ya no se tendría personal “de planta” para coordinar los comicios.
De igual manera, considero que lejos de resolver los problemas que enfrenta nuestro país en materia judicial, la propuesta de reforma del presidente los magnifica (“¿Puede la reforma del presidente mejorar el Poder Judicial de nuestro país?”, 2 de julio). La iniciativa de reforma propone modificar el proceso de nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por uno de elección popular. Si bien, en algunos países, la población elige a sus jueces estatales –como en los Estados Unidos–, solo uno lo hace así para todos: Bolivia, que sabemos que no sobresalen por adoptar las mejores prácticas a nivel global, por decir lo menos. Asimismo, la propuesta de reforma no ataja los problemas evidentes en las estadísticas en donde México sale mal en Estado de derecho. Por ejemplo, en la última edición del Índice Global de Impunidad (IGI) en 2020, México se ubicó en el lugar 60 de 69 países. Esto es un lugar por arriba de Kirguistán y un lugar por debajo de Guatemala. Uno de los aspectos en donde México se encuentra en una situación muy precaria es en el número de jueces por cada 100 mil habitantes, con 2.17 solamente, muy por debajo del promedio global de poco más de 17 jueces. La propuesta no contempla aumentar el número de jueces. Por otro lado, al igual que el nombramiento de los miembros del consejo del INEC, nombrar a los jueces, magistrados y ministros por elección popular tiende a sesgar el resultado del voto hacia personas carismáticas, bajo campañas con contenido potencialmente populista, en lugar de escoger a personas con la preparación, características y experiencia para poder cumplir con la impartición de justicia que, por definición, tiene que ser imparcial. Asimismo, llevar a cabo la elección de todos los miembros del Poder Judicial al unísono puede sesgar el voto hacia simpatizantes del gobierno, sobre todo cuando gozan de alta popularidad, borrando así la división de poderes.
Estos son solo dos ejemplos, pero también está la desaparición de organismos autónomos, en el que la propuesta para desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) minará completamente el combate a la secrecía con la que podían actuar los gobiernos antes de su creación y la desaparición de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) apoyará la permanencia de un sinnúmero de monopolios que hay en nuestro país. Si bien considero que estas instituciones le han quedado a deber mucho a los mexicanos, creo que lo que habría que hacer es fortalecerlas, no desaparecerlas.
Es triste para quienes creemos en el modelo de democracia liberal. Llevábamos pocos años de democracia en México (24 años) y ahora se desdibuja, curiosamente derivado de un proceso democrático, en el que, además, el presidente López Obrador envió las reformas al Congreso antes de las elecciones, por lo que no hay sorpresas ni engaño alguno.