En las últimas semanas he estado comentando sobre algunas de las razones por las que considero que nuestro país ha crecido a tasas bajas en los últimos 40 años y que además, nos ha dejado con una muy mala distribución de la riqueza. En particular, comenté sobre la importancia de contar con estabilidad macroeconómica, así como fortalecer el Estado de derecho —para minimizar la impunidad y la corrupción y tener un terreno legal más parejo para todos— e instrumentar mejores políticas de redistribución del ingreso.
En este sentido, comparé la economía mexicana con la de Chile. A pesar de contar con métricas de estabilidad macroeconómica muy similares, el PIB de México creció a la mitad de lo que creció el de Chile en promedio de los ochenta hasta la fecha. Aquí argumenté que esto se debió principalmente a la gran diferencia que hay en la aplicación de la ley. Sin embargo, creo que hay otra comparación muy relevante que nos lleva a entender mejor las tasas de crecimiento bajas en México a la luz de las diferencias en el Estado de derecho, así como de la apertura económica: la comparación entre entidades federativas en nuestro propio país.
En términos de tasa de crecimiento promedio del PIB de 2004 a 2019 —que es lo que se tiene disponible en el Inegi—, podemos agrupar las entidades federativas en tres grupos: (1) Los que han crecido poco más de 3.0 y hasta 5.0 por ciento; (2) los que han crecido entre 2.0 y 3.0 por ciento; y (3) los que han registrado un crecimiento por debajo de 2.0 por ciento. Si bien normalmente se habla de norte, centro y sur-sureste, en este caso no es del todo así. Considero que los factores que inciden más son la apertura de los sectores de la economía y el nivel de impunidad.
Entre los estados que han podido crecer más de 3.0 y hasta 5.0 por ciento en promedio en estos últimos 15 años se encuentran los que han podido aprovechar las ventajas del comercio internacional y el turismo. En este primer grupo están Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán. Asimismo, aunque no hay una correlación muy alta, aquí también se encuentran entidades federativas que observan menor impunidad, utilizando el Índice Global de Impunidad (IGI) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), como Chihuahua, San Luis Potosí y Colima.
En el segundo grupo, que han observado tasas de crecimiento promedio entre 2.0 y 3.0 por ciento, se encuentran entidades que se han podido beneficiar medianamente del comercio internacional o que tienen una industria de servicios muy relevante y cierta magnitud en su mercado interno. Aquí se encuentran Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Asimismo, con excepción del Estado de México y Puebla, la mayoría de estos estados se encuentran a media tabla en el IGI.
Por último, la mayoría de los estados que han crecido a una tasa menor a 2.0 por ciento en promedio en los últimos 15 años tienen una característica en común, una buena parte de su economía depende del petróleo. Aquí se encuentran Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Cabe señalar que en este grupo se encuentran estados con altos niveles de impunidad, como es el caso de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.
Si bien cada estado tiene su propia historia y es difícil generalizar o estereotipar, creo que los dos temas clave para explicar el diferencial tan importante en las tasas de crecimiento a nivel regional o estatal son la apertura económica y el Estado de derecho. Sobre el primer aspecto, en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —a punto de ser substituido por el TMEC— y se abrieron casi todos los sectores de la economía mexicana para poder comerciar con Estados Unidos y con Canadá. Hubo estados que ya sea por las industrias que habían desarrollado históricamente o por la cercanía con la frontera norte, pudieron aprovechar mejor esta apertura comercial. Sin embargo, un sector no se abrió a la inversión privada: el energético. Como comenté, la mayoría de los estados que dependen del petróleo (Campeche, Tabasco, etcétera) o que pudieron haber desarrollado su industria de generación eléctrica eólica, como Oaxaca, no prosperaron y fueron los que menos crecieron. Sobre el segundo punto, el Estado de derecho, aunque la mayoría de las leyes en nuestro país sean las mismas para todos los estados, hay diferencias en su aplicación a nivel estatal y esto también apoya la explicación de por qué ha habido un diferencial tan grande en las tasas de crecimiento a nivel regional y estatal.
* El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.
* Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, ni del IMEF, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.