Cuando era niño —a finales de los setenta y a lo largo de los ochenta—, recuerdo que los apagones de energía eléctrica y los altibajos en el voltaje eran nuestro 'pan de cada día'. En casa, mi mamá tenía siempre listas una lámpara, velas y algunos quinqués (una lámpara de aceite, ampliamente utilizada en el siglo XIX). Había que apurarse para tener lista la tarea y demás trabajos escolares antes del anochecer, porque se podía complicar hacerlos a la luz de las velas.
Asimismo, mi mamá tenía una hielera al lado del refrigerador para preservar los productos perecederos más básicos, que ante el apagón había que sacar del refrigerador lo antes posible para evitar que se echaran a perder. Por otro lado, los altibajos de voltaje hacían que los reguladores de voltaje fueran parte esencial de cualquier aparato eléctrico que se pudiera adquirir. De lo contrario, un pico de voltaje los podía dejar inservibles. Cabe señalar que crecí en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
En estos últimos meses he recordado estos episodios, debido a que hemos sufrido varios apagones y cambios de voltaje en la Ciudad de México, que no experimentábamos desde hace más de 15 años. De hecho, hace algunas semanas el refrigerador y el horno se echaron a perder por un fuerte cambio en la corriente eléctrica. Parece que volvemos a los ochenta, al menos en este rubro, en un mundo cuyos requerimientos de energía eléctrica la han vuelto todavía más imprescindible.
El viernes pasado, el gobierno de nuestro país decidió publicar en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía". Entre otras cosas, el acuerdo: (1) Suspende la entrada en operación de plantas de energía renovable, con plazo indefinido; y (2) limita la generación de plantas eólicas y fotovoltaicas. En mi opinión, hay tres aspectos que destacar de este acuerdo:
(1) Falta de respeto a los procedimientos legales. Apelando a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, el acuerdo se emitió con exención de la MIR (Manifestación de Impacto Regulatorio). Este procedimiento provoca que no se emita ninguna opinión experta sobre lo que se está llevando a cabo. De hecho, por eso se asume que esto fue lo que propició la renuncia de César Hernández, extitular de la Conamer (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria), la semana pasada.
(2) Marca un camino hacia la generación de energía eléctrica cara, sucia, ineficiente y poco confiable. En los últimos años hemos visto inversión importante del sector privado en la generación de energía renovable. La regulación incentivó estas inversiones al establecer que la demanda debería de satisfacerse con energías limpias, en primera instancia. De hecho hoy es responsable de cerca del 15 por ciento de la generación de energía eléctrica de nuestro país. El acuerdo publicado el viernes tiene el objetivo de privilegiar la generación de plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que utilizan combustibles fósiles.
(3) Desincentiva inversión privada, no sólo en el sector eléctrico. El acuerdo publicado el viernes pasado deja a más de 40 proyectos de generación de energía renovable en 18 estados en una situación de incertidumbre legal. De hecho, ya propició la respuesta de los gobiernos de veinte países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania y Suecia. Asimismo, esto podría generar un sinnúmero de amparos y respuestas legales, tanto a nivel nacional como en instancias internacionales. Desafortunadamente considero que el desincentivo a la inversión no sólo se va a dar en el sector eléctrico, sino que este acuerdo se agrega a la consulta que paró la construcción de la cervecería en Baja California, así como la renegociación de los contratos de los gasoductos de CFE con el sector privado y la serie de iniciativas legislativas antisector privado que los legisladores han propuesto de manera persistente. Aunque estos últimos no hayan prosperado, restan confianza para la inversión. Sin inversión del sector privado, la economía va a crecer muy poco, no se generarán los empleos que el país necesita y el gobierno no tendrá la recaudación de impuestos necesaria para instrumentar políticas que disminuyan la fuerte desigualdad que enfrenta nuestro país.
Yo estoy de acuerdo con los objetivos que marcó nuestro presidente desde su campaña de mayor crecimiento económico, menor desigualdad y erradicación de la corrupción, entre otros. No obstante lo anterior, desafortunadamente varias políticas que está instrumentando no sólo no van en el sentido de los objetivos que estableció, sino que van en contra.
* El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.
* Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, ni del IMEF, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.