En vísperas de la reunión Cumbre de América del Norte se realizó una operación sorpresiva por parte de las Fuerzas Armadas que llevó a la captura del ya muy famoso personaje señalado en Estados Unidos como uno de los principales introductores de fentanilo a ese país.
El estado de Sinaloa y particularmente Culiacán y el poblado de Jesús María se convirtieron en zona de guerra, con un impresionante saldo de sangre y destrucción que, no obstante el alto costo, logró su objetivo de apresar a Ovidio Guzmán y recluirlo en un penal de máxima seguridad.
Mucho se ha especulado sobre el significado de la captura y los efectos que tendría para el debilitamiento del Cártel de Sinaloa, señalándose al evento tanto como una muestra del esfuerzo que realiza México en contra del crimen organizado, previo a la realización de la cumbre, como una acción que poco impacta sobre la estructura delictiva.
Y poco, muy poco se ha dedicado al análisis de la relevancia de las capacidades demostradas por las organizaciones delictivas en un abierto desafío al Estado.
Es evidente que las bandas criminales han venido robusteciendo sus estructuras constituyéndose en una seria amenaza a la seguridad nacional, no sólo por la expansión de sus actividades ilegales (tráfico de drogas, personas y armas, extorsión, lavado de dinero, etc.) sino por su capacidad de fuego, movilidad, coordinación, comunicaciones, despliegue y la creciente magnitud de sus integrantes que les posibilita el control territorial en amplias extensiones y una base social de cobertura por simpatía, corrupción o temor.
Lo sucedido en Sinaloa durante los primeros días de 2023 es sólo una muestra de lo que sucede en muchas otras regiones de nuestra geografía. Lo mismo puede acontecer en cualquier momento en Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Guanajuato o Chiapas, donde la diversidad de grupos delictivos mantienen un control fáctico y, en no pocas ocasiones, sustituyen o subordinan a las autoridades locales.
Cada vez con mayor frecuencia se difunden en redes sociales actos de propaganda que dan cuenta del equipamiento de grupos fuertemente armados que evidencian una organización y adiestramiento similar al de las fuerzas del orden cuya finalidad no es, desde luego, estar prestos para dar abrazos.
La disposición al enfrentamiento armado es patente, exhibe la peligrosidad de la amenaza y el elevado riesgo de crecimiento, expansión y actitud de las bandas criminales que obliga a la redefinición de las políticas hasta ahora diseñadas para su atención y contención antes de que sea demasiado tarde.
La experiencia reciente en Sinaloa debe servir de alerta y enseñanza de la realidad que se vive y lo que puede venir en el futuro.