Conforme transcurren las campañas la temperatura se eleva, no solamente en el discurso político, sino en el ambiente social en diversas regiones del país, en donde la violencia ejercida de manera abierta va condicionando la participación de aspirantes a cargos de elección popular, eliminándolos u obligándolos a desistir.
Ejecuciones, atentados, secuestros y amenazas parecen estar instalándose como el modus operandi en la selección de candidatos, haciendo a un lado a aquellos que resultan incómodos desde el punto de vista político, criminal o la amalgama de ambos.
La violencia alcanza a prácticamente todos los partidos, lo que envía la señal de que no necesariamente se trata de una filiación política, sino de la preferencia por personajes que resulten más convenientes a determinados intereses.
Resulta evidente que la principal amenaza se ejerce a nivel municipal, no sólo por ser el orden de gobierno más vulnerable, sino por la mayor facilidad de ejercer un control territorial por parte de la delincuencia mediante la instalación, en los cargos públicos, de personajes afines.
Sinaloa, Colima, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Guerrero, Chiapas, solo por mencionar algunas, son entidades donde la violencia criminal se ha puesto de relevancia de manera evidente en lo que va del año, pese a las declaraciones oficiales que pretenden desestimar la gravedad de la situación.
“Son cosas que pasan...” ha declarado un flamante gobernador tras el secuestro de más de sesenta personas. Otro más sugiere tener cuidado con los malandros ante la imposibilidad de brindar protección personal a la gran cantidad de aspirantes a cargos de elección, particularmente a nivel estatal y municipal.
No obstante, se ha generado, a nivel federal, un plan de protección a candidatos que soliciten seguridad previa evaluación de su nivel de riesgo, lo que refuerza la percepción de la vulnerabilidad en que se encuentra el proceso electoral por la actividad creciente de la delincuencia.
Un actor que se ha sumado de manera activa para tratar de contener a los grupos criminales es el clero, que también ha sido tocado por la delincuencia y ha elaborado una agenda nacional de paz, con la pretensión de convocar a un diálogo entre todos los sectores sociales que coadyuve a reducir los altos índices de violencia en el país.
Todo ello da cuenta de una realidad inocultable sobre la amenaza que se cierne sobre México, no sólo ante la coyuntura electoral en que estamos, sino en el devastador escenario en que podríamos encontrarnos si el gran elector fuese el crimen organizado.