Mientras la discusión continúa en el Senado, la Guardia Nacional va tomando forma en la práctica. Esta semana será decisiva para la definición del tema y la dictaminación final, con la participación de la academia y organizaciones sociales.
Más allá de la denominación que se dé a esta naciente fuerza, queda claro que su orientación será fundamentalmente a tareas de seguridad pública.
El dilema que enfrenta la organización es en principio la dualidad de la dependencia orgánica, toda vez que esta quedará asignada funcionalmente a dos secretarías de Estado. En segundo término se encuentra la necesaria generación de una doctrina propia de carácter eminentemente policial, lo que supone un reto trascendental para su consolidación y eficaz funcionamiento. En tercer lugar está la definición puntual de su normatividad desde el marco constitucional y las leyes, reglamentos y procedimientos internos, lo que implica un arduo ejercicio conceptual de gran alcance y visión de futuro.
Si bien el traslado de fuerzas militares a la Guardia Nacional como pie de la estructura ofrece ventajas en cuanto a organización, disciplina y valores, obliga a una metamorfosis profunda desde su concepción, que neutralice, en principio, las objeciones que se han interpuesto a su creación, pues no se trata de un simple cambio de uniforme y nombre, sino de la génesis de una nueva institución del Estado que, al paso del tiempo, deberá adquirir una morfología y personalidad propia, definida por los fines a que está destinada.
Como corresponde a toda innovación, la nueva fuerza deberá pasar por su periodo de prueba y acreditar su eficacia en un escenario complicado de violencia e inseguridad, que es, precisamente, la justificación fundamental del nuevo modelo que se pretende implementar.
Lograr en el menor tiempo posible una adaptación profesional, mental y funcional a las nuevas misiones que las circunstancias y la exigencia social imponen, será el principal reto a vencer de la nueva policía nacional.