Efímeros y volátiles los coyunturales temas de la agitada agenda nacional. Cotidianamente un nuevo asunto sustituye a otro y acapara la atención del público expectante, dejando en segundo plano temas relevantes que se diluyen rápidamente en el tiempo ante el surgimiento de nuevas circunstancias que enrarecen el ambiente y atraen la mirada social en una y otra dirección.
Durante la última semana tres temas acapararon el debate: la rifa del avión, la enardecida movilización de colectivos de mujeres con los horrendos crímenes asociados y la detención de Emilio Lozoya.
Pasaron a la retaguardia, por citar algunos eventos, la masacre de Bavispe, la misteriosa difusión de la propuesta de reforma al sistema de justicia penal o el procesamiento del exsecretario de seguridad pública en los Estados Unidos, entre muchos otros no menos trascendentes que representan en su conjunto una prueba para la capacidad de gestión de la actual administración.
El caso Lozoya, en particular, dadas las implicaciones que pudiera tener en el ámbito político y jurídico desde el más alto nivel, puede ser interpretado como un logro inmediato del gobierno en turno, cuya plataforma se fundamenta en el combate a la corrupción y la impunidad. La detención y procesamiento de un personaje central en lo que se anuncia como una red de complicidades de gran calado en las administraciones previas, genera expectativas profundas en la sociedad de ver sometidos a juicio a los principales actores señalados de haber abusado del poder para beneficio propio, la llamada 'mafia del poder'.
Las declaraciones del abogado del exfuncionario de Pemex, hoy preso en España, de que su cliente no se mandaba sólo, sugieren dos cosas: la aceptación de los cargos que se le imputan y la participación de funcionarios de mayor nivel a quienes debió rendir cuentas por los mismos, esto apunta, evidentemente, a los más altos cargos del gobierno anterior. La estrategia del defensor parece orientarse a frenar las acusaciones contra su defendido por las repercusiones políticas de inculpar a personajes prominentes que ya sabemos quiénes pueden ser.
El proceso de extradición llevará tiempo. La posibilidad de que los actores señalados veladamente puedan ser llamados a cuentas en México es aún remota, pero la opinión pública ya anticipa su veredicto de culpabilidad y se muestra ávida de justicia, esperando sentar en el banquillo a los 'depredadores de la república'.
Por el momento, la detención del exfuncionario ha acreditado un punto a favor de la actual administración, dando muestra de la veracidad de sus intenciones de sanear la vida pública del país y combatir la frivolidad con que en el pasado se ejerció el poder, no obstante, ante las altas expectativas generadas, si el asunto queda, como tantos otros, en el limbo jurídico o en la dilación, puede acarrear efectos contrarios en el ánimo social y convertirse en un búmeran para los niveles de popularidad del gobierno.
Día con día parecen abrirse nuevos frentes de atención en la compleja dinámica social mexicana, aunque se dé la impresión de reducir la presencia de eventos previos, la realidad es que siguen vigentes y resurgen en cualquier momento, incentivando la demanda popular con mayor intensidad, dejar que Cronos y la administración mediática hagan su tarea, no siempre es lo más recomendable para mantener la estabilidad en niveles razonables.
La expectativa sobre el juicio a Lozoya y presuntos implicados es de la mayor trascendencia para la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana. Una buena oportunidad de reafirmación, pero también un riesgo de decepción.