Ni el gobierno ni los empresarios están haciendo lo necesario para establecer una relación eficaz -en provecho México- entre el sector público y el privado.
No habrá progreso posible sin alianzas público-privadas que a la vez que estimulen las inversiones y el crecimiento económico, afronten los mayores desafíos del país, empezando por las desigualdades y las bajas inversiones públicas y privadas.
Son asuntos sustantivos que tendrían que dar lugar a un nuevo pacto entre el sector público y el empresariado. El mayor obstáculo para siquiera plantearlo son las posiciones ideológicas encontradas de ambas partes.
Lo primero que hizo AMLO como presidente fue emprender la separación entre el poder económico y el poder político, simbiosis que constituía la columna vertebral del orden anterior.
Un desafío políticamente peligroso si se piensa que las élites privadas no están en el negocio de la minería, de las telecomunicaciones, de los medios radiotelevisivos, de las tiendas departamentales o las de conveniencia y bebidas azucaradas para hacer más dinero; lo que más les importa es formar imperios cuya influencia sea indisputada. Y AMLO se las vino a disputar.
Esas élites han tenido influencia indiscutida durante décadas, tanto en el diseño de las reglas del juego que el Poder Legislativo convertía en leyes a modo, como en la obtención de contratos, subsidios y privilegios fiscales que obtenían del Poder Ejecutivo, siempre mediante el reparto de beneficios.
El mediocre crecimiento económico, el aumento de la marginación social y la crisis de reprentatividad social en el Estado de los últimos cuarenta años, tiene todo que ver con ese «capitalismo de cuates» que obstaculiza las reglas del capitalismo competitivo.
Los grupos empresariales no se distinguían por su éxito o sus limitaciones propias, sino por su cercanía o distancia con el gobierno en turno (asumo, sin conceder, que habrá de confirmarse que éstos son otros tiempos).
Esa relación de pocos pero muy influyentes grupos económicos limitaba el surgimiento de nuevas empresas, el crecimiento de inversiones, los avances en competitividad mercantil y el ejercicio de una democracia que se viviera como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, según mandato del tercer artículo de nuestra Constitución.
Convendría un nuevo contrato entre el Estado y empresarios que promoviera la creación de cadenas internas de valor, que distribuyera mucho mejor las recompensas y que invirtiera en mejorar los servicios públicos de salud y educación para igualar oportunidades sociales y cimentar el bienestar común en esa igualdad.
El acta constitutiva del nuevo contrato entre gobierno y élites empresariales sería una reforma fiscal que reforzara el principal instrumento de política económica, que es el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la federación.
La recaudación fiscal en México es mucho más baja que el promedio de América Latina y por supuesto, que el de la OCDE. Contra esa indispensable reforma se han esgrimido siempre los mismo dos argumentos: que el gobierno gasta mal, cuando en realidad la escasez de recursos no permite mejorar su aplicación, y que es a la economía informal a la que debería cobrársele para elevar la recaudación, siendo que en México, quien gana entre 22 y 65 millones de pesos al mes, paga la misma tasa de impuestos que quien gana 23 mil pesos.
Paradójicamente, AMLO se ha negado a promover una reforma fiscal evidentemente indispensable, y las élites empresariales se han opuesto a ella desde la crisis de los años 70 del siglo pasado. Anticipó el presidente que lo haría tras la elección intermedia del 6 de junio, seguramente esperando el plebiscito a su mandato contra el cual se han aliado todas las fuerzas de oposición con una sola consigna: impedir que retenga la mayoría calificada en el Congreso, y ninguna propuesta.