México está viviendo procesos extraordinarios, marcados por el protagonismo del gobierno de López Obrador, que está empeñado en avanzar cambios en un contexto global y nacional extraordinariamente complejos y cargados de riesgos.
Un enfoque posible del momento es focalizar las fallas de diseño o de implementación en las acciones del gobierno, que las hay, y otro es poner la mayor atención en la racionalidad de las propuestas y ponderar los requisitos de su viabilidad.
Una premisa clave para comprender el momento es si se considera que había necesidad de cambiar el curso de la nación, o no. Asumo esa premisa, tomando en cuenta que en lo que va de este siglo XXI se ha acelerado el debilitamiento del Estado, que venía dándose desde principios de los ochenta del siglo pasado, y en contraparte -como era inevitable- se fortalecieron poderes fácticos, como la oligarquía económica y los cárteles de la droga.
Mucha gente de la que está en contra del gobierno suele repetir que estamos ahora peor que con los gobiernos anteriores. Es cierto que el gobierno aún no tiene resultados para presumir en casi ningún frente y que la pandemia lo vino a complicar todo, desde las inversiones y el empleo, hasta la salud pública y la inseguridad en múltiples aspectos; pero también es cierto que Roma no se hizo en un día.
La pandemia hizo ver en todo el mundo -Europa, EU, Asia- que no se puede abandonar el bienestar social a la lógica de los mercados, perspectiva que ha dado lugar a medidas tendientes a que el Estado recupere capacidades de acción con mayores responsabilidades sociales. Quien lo dude, revise el proyecto de gobierno de Biden.
El gobierno del presidente López Obrador va en el mismo sentido, pero además debe intentar someter la descontrolada corrupción, y hacer que los grandes contribuyentes paguen los impuestos que les corresponda, medidas ambas que perjudican poderosos intereses.
La estrategia económica del gobierno es la de un desarrollo integrado a la economía de Estados Unidos, como fue planteado desde el gobierno de Carlos Salinas, aunque ahora, intentando que se revisen los términos contractuales de inversiones en la explotación de recursos naturales.
A esos propósitos, difícilmente cuestionables, les siguen las acciones; el Plan Nacional de Desarrollo carece de metas e indicadores de progreso, pero hay 30 programas y proyectos prioritarios, varios de los cuales son de transferencia de efectivo que recibe al menos un familiar del 60 al 75 por ciento de las familias.
Esos 30 programas caben en tres categorías u objetivos sectoriales: bienestar social, paz, seguridad y justicia, y desarrollo económico. Hay convergencia entre ellos, aunque su avance va de mala o regular administración, a mejor en algunos casos.
Se trata, por ejemplo, de impulsar el desarrollo del sur y sureste del país, muy rico en recursos naturales pero pobre en infraestructura y habitado por los compatriotas más pobres; la Concamin y el CCE tienen 36 proyectos identificados relativos a aeropuertos, carreteras, puertos, gas, parques tecnológicos en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán a los que esperan atraer inversionistas privados.
También la cuestionable refinería de Dos Bocas es parte de esas prioridades, pero igual los son los aumentos habidos al salario mínimo -que en 2018 podría comprar menos que en 1949- y que hasta ahora son de 44 por ciento, así como las acciones que buscan mejorar la democracia sindical.
Las mayores inquietudes de la crítica al gobierno se refieren a los cambios administrativos para implementar la política, la estrategia, los proyectos y los programas. En esos cambios salta a la vista la intención de centralizar decisiones -necesaria en algún grado- y las atribuciones transferidas del poder civil a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pero también de construcción de infraestructura y administración de algunos aeropuertos, puertos y aduanas, y se les acaba de hacer cargo de la recién creada Agencia Nacional de Aduanas (ANA).
La discusión sobre lo que hace el gobierno de López Obrador se ha polarizado, lo cual impide entablar un diálogo que supone la consideración, en cada interlocutor, de que el otro pudiera tener razón; los cambios necesarios del país no podrán materializarse y perdurar si al protagonismo del gobierno no se suman empresarios cumplidos y sectores más amplios de la sociedad.