Este lunes 27 de septiembre se cumplen 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, evento con el que identificamos la consumación de la Independencia de México, a pesar de lo cual, no figura en el calendario cívico de festejos. Otras naciones hispanoamericanas sí celebran ese momento en su historia.
Y es que los acuerdos que dieron lugar al Plan de Iguala, y éste a los Tratados de Córdoba, que O’Donojú no tuvo más remedio que suscribir con Iturbide, reconocían la independencia y soberanía de Nueva España pero también establecían que la nueva nación se mantendría unida a la monarquía compuesta española.
Nueva España dejaba de ser una colonia conforme a lo acordado en el Plan de Iguala entre el ejército realista, convertido por Iturbide en el de las Tres Garantías, y el alto clero; el ‘reino de Méjico’ tendría autonomía para promulgar leyes, para ejercer la administración del gobierno, la administración territorial y para aplicar políticas económicas como parte del reino compuesto español.
De ahí que el 3er artículo de los Tratados de Córdoba estableciera que “Será llamado á reinar en el Imperio Mejicano en primer lugar el Sr. D. Fernando Séptimo Rey Católico de España” o cualquier otro de la estirpe borbónica, o “el que las Cortes del Imperio designaren”.
Tales términos de ‘independencia’ respondían a los motivos de la Iglesia, del ejército realista y de la oligarquía de comerciantes y hacendados que querían cambios de los que pudieran hacerse cargo, pero no querían ninguna transformación esencial del régimen colonial; su interés común era impedir las innovaciones del liberalismo gaditano que afectaban sus fueros, prerrogativas y privilegios.
La Constitución liberal española era intolerable para la Iglesia; las Cortes, reunidas en España a partir de julio de 1820, fueron prontas en emitir varios decretos en contra del poder secular de la Iglesia por los que suprimieron el fuero eclesiástico, redujeron los diezmos, abolieron las órdenes monásticas y la Compañía de Jesús, y abrogaron la Inquisición.
Por su parte, el ejército se había transformado en un nuevo factor de poder durante los 11 años de guerra contrainsurgente. En las provincias los mandos ejercían un poder con intereses ajenos a los de la representación de Madrid en la colonia. Muchos oficiales hicieron de su posición un recurso para hacer negocios que abarcaron desde la protección a comerciantes en los inseguros caminos, hasta el acopio de víveres con fines especulativos, como el que organizó el propio Agustín de Iturbide.
El acta de independencia de México, firmada el 28 de septiembre de 1821, hacía del ‘reino mejicano’ una nación unida a la monarquía española por la fe católica y por la conservación de los privilegios, fueros y peculiaridades de las élites eclesiásticas, militares y económicas; la independencia se entendió a la manera, quizá, de la relación que sostienen Inglaterra y Australia, por ejemplo.
No ocurrió así porque las Cortes de España, en sus sesiones del 13 y 14 de febrero de 1822, rechazaron los Tratados de Córdoba, los declararon ‘ilegítimos’ y ‘nulos’ y en consecuencia, también para México quedaban anulados, lo que dejó como única opción en esos momentos organizar el gobierno como imperio y coronar a Agustín de Iturbide.
El primer imperio no tuvo un sustento económico medianamente sólido. Por el contrario, al momento de la independencia, la economía padecía escasez crítica de recursos a causa de la descapitalización provocada por las reformas borbónicas y por la destrucción habida durante la guerra insurgente. La debilidad fiscal consecuente del gobierno fue causa permanente de fragilidad e incompetencia institucional y de inestabilidad política, y es considerada por algunos historiadores como la principal causa de la caída del primer imperio mexicano.
Las vueltas que da la historia; no fuimos un reino ni quedamos unidos a la monarquía española, pero tampoco se han cumplido los ideales de una democracia liberal socialmente sensible como lo planteara José María Morelos, el más grande de los insurgentes.