En su mañanera de ayer se refirió el presidente López Obrador a la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, asunto que independientemente de sus pros y contras será, de ser aprobada por el Legislativo, la más importante del sexenio, nada menos. Merece por lo tanto que la discutan los expertos, las empresas del sector, los usuarios industriales y caseros, y que se despeje la desinformación interesada.
Mucho serviría a esa discusión que el presidente dejara de querer confrontar a las partes, que no insistiera, como lo hace, en que los legisladores, con su voto a esa iniciativa, “van ahora a manifestarse si están a favor del pueblo, del consumidor, del usurario, o si están a favor de las empresas y de los intereses creados”.
No es eso lo que debe resolverse en esta discusión.
Eso es querer torcerle la mano a los legisladores y una burda descalificación de las empresas, que en un sistema capitalista tienen mayor permanencia e influencia en el curso de desarrollo de largo plazo que los gobiernos; también es cierto que mientras mayor poder económico concentren las empresas, mayor poder político ejercen para inducir legislaciones y políticas en su favor.
Es por esto que el papel del Estado, y particularmente del Poder Legislativo, no es infamar a las empresas sino legislar para que las instituciones responsables puedan evitar abusos de poder.
El problema del alza de las tarifas eléctricas en España, al que se refirió el presidente (inculpando a las autoridades hispanas de quedarse calladas por ser “empleadas de las empresas”), no se debe a que la energía la suministren compañías privadas, sino a los excesos de desregulación en que incurrió el neoliberalismo en el mundo.
A menor regulación mayores abusos de las empresas, como es natural y como ocurrió con los bancos en EU y Europa que provocaron la crisis de 2007-2008 y en muchísimos casos menores más; ahora está ocurriendo con la electricidad, tema que ya se está discutiendo en la Comisión Europea para delinear nuevos controles.
Y es que, ciertamente, la disponibilidad eficiente y a bajo costo de energía es uno de los recursos estratégicos de política económica para desarrollar oportunidades y mejorar la movilidad social; lo que está pasando con las tarifas en Gran Bretaña, España, lo mismo que en Australia o Sudáfrica, afecta ese carácter y la utilidad estratégica de la energía eléctrica, no tanto por estar a cargo de empresas privadas como por los excesos desregulatorios.
Habrá que discutir la reforma energética que propone el gobierno de López Obrador para encontrar el punto de equilibrio entre la intervención del Estado en la actividad, y los espacios para inversiones privadas, de manera que haya inversión de las dos partes, que se generen empleos y que los precios sean competitivos.
Hay puntos que deberán discutirse de la iniciativa; algunos, por ejemplo, el de dejar a la CFE la generación de 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país, y 46 por ciento restante quedaría a cargo de empresas privadas. ¿En un buen equilibrio?
La electricidad que han generado empresas particulares no ha pagado nunca por su distribución a través de la red de CFE; la reforma contempla que empiecen a hacerlo, lo cual afectaría su margen de utilidades, ¿hasta el punto de hacerlas inviables, como argumentan?
Los minerales considerados como estratégicos, como el litio, no serían concesionados, pero las ocho concesiones otorgadas hasta ahora quedarían vigentes si acreditan ante la CFE y la Secretaría de Energía que están en los términos previstos para iniciar la producción; en caso contrario, se infiere, los permisos y los contratos se cancelarían. ¿Se violarían por eso derechos de propiedad? ¿Daría lugar a litigios en México y en el extranjero como se ha comentado?
La reforma propuesta merece ser analizada, primero por su contenido como recurso de fomento económico y beneficio social y, según resulte esa ponderación, negociar su viabilidad política.