El gobierno se ha propuesto atender las precarias condiciones de producción de los campesinos en pequeño, que representan 91 por ciento de las unidades agropecuarias del país, y lograr con ellos la autosuficiencia alimentaria. La clave del éxito es que ese campesinado reciba complementos a sus ingresos (subsidios y precios de garantía por arriba de los que pague el mercado) y que no los gaste en otra cosa que no sea en mejorar su productividad.
En este tercer año de operaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encargada de la triple misión de elevar rendimientos, producción e ingresos campesinos, la Coneval no ha encontrado evidencia de aumentos en productividad entre los pequeños productores rurales de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.
Los propósitos son más que válidos, por lo que habría que darles continuidad en el tiempo y revisar estrategia y programas. Van contra la tendencia de cuatro décadas de considerar la autosuficiencia en alimentos básicos un despropósito, y lo parece si sólo se toma en cuenta la conveniencia financiera de importar faltantes para no tener que subsidiar su producción interna.
Durante años se consideró que la soberanía alimentaria descansa en tener divisas para hacer las compras en el granero del mundo, que es Estados Unidos. México tiene, ciertamente, una balanza comercial agropecuaria superavitaria, es decir, sobra dinero del sector para comprar afuera lo que no se produzca aquí. Entre enero y mayo de este 2021, el saldo favorable entre exportaciones e importaciones agropecuarias fue de 4 mil 590 millones de dólares, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que dirige Juan Carlos Anaya.
No es un márgen muy amplio si consideramos que este año habrá que importar alrededor de 46 por ciento del consumo de granos y oleaginosas y 15 por ciento en productos pecuarios, volúmenes y sobre todo, facturas en dólares que vienen creciendo mucho más rápido que las exportaciones: 30 por ciento en compras de granos y 11 por ciento de las ventas foráneas durante los primeros cinco meses de este año.
Pero la dependencia alimentaria de importaciones tiene implicaciones mucho más complejas que las financieras; una es el abandono por parte de la política agropecuaria de la producción nacional por considerar que son más baratas las compras externas; dejar de producir internamente implica subutilizar y desperdiciar fuerza campesina de trabajo y recursos naturales, lo que hace que se empobrezcan la gente y los suelos.
Tal desperdicio es inaceptable ante las urgencias de adaptación al cambio climático, del que no se sabe cómo ni en qué momento podrá causar una catástrofe productiva, pero es seguro que el peligro -ya no se habla de riesgos- es cada vez más grande.
Este año, por causas climáticas, se perdió 33 por ciento de la cosecha de maíz del ciclo otoño-inverno de Tamaulipas, 7.3 por ciento de la de Sonora, 2.7 por ciento en Sinaloa y otras pérdidas menores en otras entidades, según el GCMA
El peligro de desabasto de alimentos -situación que no conocemos aún- sería menor de cumplirse los objetivos de productividad, mayor producción, mejores ingresos campesinos y autosufiencia en alimentos básicos; fueron los propósitos que también persiguió el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que en poco tiempo, entre 1980 y 1982, hizo historia por su innovador enfoque sistémico y por sus resultados, experiencia sobre la que se siguen publicando análisis en varios países, en organismos como la FAO y otros dedicados también a la cooperación agropecuaria internacional.
El SAM logró reunir diversos incentivos al aumento de la producción campesina, como subsidios, una estrategia de precios de grantía relativos y el riesgo de innovaciones tecnológicas compartido para animar a los productores a adoptarlas; además, viendo al sistema de cada cultivo y región, se trató de mejorar la distribución de las cosechas, de favorecer su procesamiento agroindustrial e inclusive, se desarrollaron campañas por televisión y otros medios orientadas a favorecer habitos de consumo nutricionalmente mejor balanceados.
El SAM fue injustamente acusado por el secretario Salinas de Gortari del gobierno de Miguel de la Madrid de ser muy costoso, siendo que en realidad no requirió un peso más para el presupuesto del sector, sólo su reorientación. Se abandonó desde entonces el intento de incorporar al campesinado en pequeño a los mercados regionales y nacional, mejorando sus condiciones de producción y de negociación comercial, y se optó por las ‘ventajas comparativas’ de las importaciones.
La complejidad del sistema alimentario exige multiplicidad de objetivos en política agropecuaria y social, que efectivamente incentive la productividad del campesinado de temporal, eleve la producción de alimentos básicos y ayude a la mayoría de la población a salir de la pobreza.