El presidente López Obrador logra imponer su agenda de discusión todas las mañanas, y lo consigue porque ni los partidos de oposición, ni las universidades, ni el empresariado, ni la mayor parte de los medios de comunicación tienen una agenda alternativa a lo que el presidente quiere que se debata.
Si los partidos políticos postularan auténticos ciudadanos como sus candidatos y no politiqueros escaladores, y representaran los anhelos, las expectativas y las frustraciones de la sociedad, competirían entre ellos con proyectos políticos genuinos que representaran los intereses de diversos sectores de la sociedad.
También la presencia de las universidades en la palestra pública tendría que reflejar mayor cercanía con las circunstancias que vive y padece la sociedad, a fin de contribuir a los avances de una agenda representativa del estado del pacto o contrato social y de las urgencias de su actualización.
Tampoco el machacón discurso empresarial sobre la falta de confianza en la agenda política del gobierno, la más novedosa en cuarenta años, como explicación de la contención de sus inversiones, contribuye a la construcción de una relación tan necesaria entre las políticas públicas, el crecimiento y una prosperidad con equidad para todos los sectores.
Parte de los medios de comunicación -y de sus figuras- disparan críticas a cada paso, a cada acción, a cada discurso del presidente sin más propósito ni agenda que tratar de desgastar su figura y credibilidad, aunque la sociedad esté necesitando una crítica con información veraz que pudiera contribuir efectivamente a mejorar la eficacia de las políticas y programas de gobierno.
Las noticias falsas, las exageraciones sin recato, las acusaciones sin fundamento saturan las redes sociales.
El resultado es una creciente desinformación ciudadana que lleva a la toma de posiciones irreflexivas, polarizantes, con referencias negativas de desamparo y desorientación, y desconfianza hacia todo lo que debe ser de interés público.
Detrás de todo esto, hay hechos verdaderos, y es que el Estado, que no es otra cosa que la sociedad organizada, no ha sido capaz, desde hace más de cuatro décadas, de atender, a nivel familiar, aspectos sustanciales del pacto social, como son el acceso a servicios públicos de calidad en salud y educación, las expectativas legítimas de mejoría que son posibles sólo cuando hay movilidad social, y las condiciones para una convivencia en la que prevalezcan la justicia, la seguridad y la paz.
El punto es que ni México ni la gran mayoría de los países del mundo pueden garantizar esas condiciones con el mero crecimiento económico -de por sí bajo-; es necesario también, asegurar mayor equidad en el reparto de los productos del trabajo entre las utilidades empresariales, los salarios de los trabajadores y empleados, y el gasto público en servicios de mayor cobertura y mejor calidad, de manera que tal equidad redunde en menores desigualdades y nuevas certezas en el sentido y calidad del progreso.
Qué diferente sería la crítica a las políticas y acciones de gobierno si en vez de lanzar escopetazos descalificativos, los partidos, las universidades, los empresarios y los medios de comunicación le dieran un puntual seguimiento a la eficacia, a los errores y a las omisiones de la política gubernamental en todo aquello que redunde en favor o en contra de la actualización del pacto social.