Sabido es que sin inversiones no hay crecimiento económico ni se generan empleos y que, en México, 86 por ciento de las inversiones productivas las genera la iniciativa privada. Por eso es importante recordar que desde 2013 (año base del Inegi) la tasa de inversiones privadas ha sido muy precaria, y que eso es debido a que las decisiones empresariales responden, primero que nada, a cálculos de su rentabilidad. Las inversiones privadas bajan, ante todo, cuando las expectativas de ganancias que ofrezcan los mercados -interno y externo- no son óptimas, y no lo han sido porque no se habían recuperado del todo desde la crisis de 2007-2008, cuando se presentó el Covid-19 en 2020.
La pandemia, la caída de ingresos que provocó en las clases medias y pobres, y ahora la inflación mundial, inhiben las ganas de ampliar capacidades productivas con nuevas inversiones, pero además, estamos viviendo en México un cambio de agenda política como no se había visto en 40 años.
Quienes concentran poder económico consideran amenazante esa agenda porque lo es para la influencia política real que solían ejercer y para algunos intereses afectados por el cobro efectivo de impuestos o la revisión de algunos contratos desventajosos para el Estado. La confrontación no es por la falta de confianza, sino porque no hay argumentos para convencer al poder económico de que ceda poder político, si no es por la fuerza, que tiene que ser la de la ley. Pero además de los poquísimos empresarios con inmenso poder económico, existen millones de empresas de varios tamaños que el gobierno parece que ni los ve ni los escucha.
El caso es que las inversiones privadas en México han mantenido un bajo dinamismo, como en casi todo el mundo, por razones económicas, pero los capitales nacionales lo justifican aduciendo que el ambiente político no favorece la confianza de los inversionistas, aunque ninguno puede decir que haya sido políticamente afectado en la marcha de sus negocios si paga impuestos y se apega a contratos lícitos.
Según el Inegi, la inversión fija bruta de capital nacional había crecido 5 por ciento anual al finalizar abril de este 2022, periodo de 12 meses en el que la inversión importada lo hizo en 21.7 por ciento. Los inversionistas extranjeros no han hecho caso de controversias políticas, salvo en el sector energía en el que están a revisión varios contratos. El hecho es que en los primeros tres años del actual gobierno han invertido en actividades productivas o comerciales un 9.4 por ciento más de lo que habían invertido en los primeros tres años de Peña Nieto, además de que entre enero y marzo de este 2022, las nuevas inversiones extranjeras crecieron 45.4 por ciento, proporción que no se había alcanzado desde el primer trimestre de 2009.
Por lo que toca a la agenda política del gobierno, hay que decir que no ha hecho nada importante para atraer a millones de empresarios grandes, medianos, pequeños y micro, que son inversionistas privados que estarían encantados de que se combatan los privilegios de unos que los deja a ellos en desventaja y fuera de competencia.
Es un empresariado cuyos intereses nadie representa y el presidente parece que ignora su existencia, siendo que su gobierno, la economía y la sociedad ganarían mucho si hubiera una agenda que vinculara a esos negocios con proyectos de inversión civil o públicos, acordes con mecanismos financieros y consideraciones fiscales. Su proyección no es el mercado internacional y su prosperidad alcanzaría a favorecer el fortalecimiento del mercado nacional.