Incertidumbre ha sido la marca de los últimos cincuenta años; aunque es muy incómodo no tener certezas laborales, económicas, o siquiera la de poder regresar sanos y salvos a casa, es aún peor cuando la inseguridad abarca la disponibilidad de comida y del agua.
Hace décadas que se anuncian cambios adversos en seguridad alimentaria a causa de alteraciones climáticas que van de sequías e inundaciones a temperaturas extremas; esas tendencias están cerca de convertirse en estructurales, y no se está haciendo lo necesario para evitarlo.
En México, en vez de tratar de mitigar los efectos del cambio climático, de propiciar la adaptación a lo que ya ha cambiado y de anticipar la gestión de los riesgos que vendrán con intensidad creciente, el gobierno de López Obrador ha orientado el presupuesto público al campo más a las transferencias directas a campesinos pobres y mucho menos a la regionalización urgente de actividades productivas.
Aunque el clima no es todavía el principal factor del alza inmoderada de precios de los cereales en el mundo, lo será a mediano plazo. Por eso es irracional que la inversión pública para la ampliación y mantenimiento de la infraestructura de riego se haya reducido 42 por ciento en 2022 con respecto a la de 2015; en el mismo periodo, los apoyos para la tecnificación del riego parcelario se redujeron 74 por ciento, mientras que el financiamiento es ahora más restringido y caro.
La gran apuesta de este sexenio fue el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana que debía favorecer a los productores de menor superficie y rendimientos para que con ellos se lograra la autosuficiencia en alimentos básicos. El principal instrumento, mal diseñado y peor operado, fueron precios de garantía por encima de los que ofreciera el mercado; luego se iniciaron programas en algunos estados para la distribución gratuita de fertilizantes.
El diseño de la estrategia se prestó fácilmente a que hubiera una colosal corrupción por miles de millones de pesos y también, paradójicamente, para que tuviera una eficacia nula.
Para el resto de las unidades agrícolas se eliminaron programas de apoyo a la comercialización, a la administración de riesgos climatológicos y el ya mencionado de infraestructura productiva, y las unidades agrícolas comerciales tuvieron que absorber los aumentos en los fertilizantes que ya superan el 100 por ciento en un año.
Urge una estrategia de seguridad alimentaria que permita tener respuestas a la cuestión básica de ¡¡¡qué vamos a comer!!!
Lo que estamos viendo en precios mundiales de los cereales a causa de la guerra de Rusia en Ucrania es un pequeño ensayo de lo que el calentamiento global causará en algún momento cercano.
Tras la ocupación rusa de Ucrania vivimos el encarecimiento mundial de maíz y otros productos como cebada, sorgo, avena y centeno por una insignificante reducción de su comercio mundial que, según la FAO, fue de 10.4 millones de toneladas entre 2021 y lo que va de este 2022. En mayo pasado la propia FAO aseguró que las existencias mundiales de cereales no se habían alterado y no obstante, los precios subieron por decisión de las empresas transnacionales Monsanto, Cargill, Archer Daniels, Midland y Dupont, que son las que tienen el control del comercio mundial de alimentos.
Aunque México tampoco ha padecido, hasta ahora, insuficiencia de abasto ni aumento significativo de importaciones de cereales, el índice de precios en alimentos, bebidas y tabaco a julio pasado es de 13.44 por ciento, muy por arriba del índice general de precios, que acumula una tasa anual de 8.15 por ciento. La tortilla aumentó de 17.30 a 19.75 pesos el kilo en un año, lo que agregará numerosas familias a las millones que ya padecen pobreza extrema.
Estos dos años han sido de ensayo de lo que puede significar una verdadera escases de cosechas en el mundo, de las que México tiene que importar 39 por ciento de lo que consume de maíz, 68 por ciento de trigo, 79 por ciento del arroz y 95 por ciento de soya, por dar unos cuantos parámetros.
La seguridad alimentaria de México se tiene que establecer ante la inestabilidad climática, y la mejor adaptación posible es el desarrollo del enorme potencial agrícola del sur y sureste del territorio, la región menos propensa a las sequías como la que sufrimos desde hace tres años en el centro y norte del país.