El presupuesto de ingresos y gastos del gobierno federal es el asunto de mayor interés entre las fuerzas políticas, y es que los llamados «Criterios Generales de Política Económica» contienen tanto el orden de prioridades de acción, según la visión de país del gobierno, como la asignación de recursos para llevarlas a cabo; de ahí que tales criterios son la materia sustantiva de discusión del Paquete Económico 2023 enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo.
Hasta ahora, las críticas al Paquete Económico coinciden en que el Proyecto de Presupuesto sobrestima los recursos que tendrá el gobierno -serían 8.2 por ciento mayores que este 2022- porque sobrestima, a su vez, el crecimiento del PIB en 3 por ciento, cuando Banxico lo cifra en 1.3 por ciento, y porque también ve con desmesurado optimismo que la inflación se reduzca al orden de 3 por ciento.
Independientemente del monto total, lo interesante será revisar los criterios que perfilan la política económica del gobierno para cada sector; eso es lo que ha hecho el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que dirige Juan Carlos Anaya con el proyecto presupuestal para el sector rural; el análisis pone de relieve lo que el gobierno considera sus prioridades y lo que se pasa por alto y omite.
El criterio sexenal de “primero los pobres” rige en la política rural: hasta 2018, sostiene el análisis de GCMA, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fue la responsable de fomentar las siembras, los rendimientos agrícolas, la administración de riesgos, los apoyos a la comercialización y la producción ganadera y pesquera: 70 por ciento de su presupuesto se orientaba a esos fines y 6 por ciento al apoyo directo y al consumo de los campesinos con poca tierra.
A partir de 2019, los apoyos directos y al consumo familiar crecieron diez veces para absorber 60 por ciento del presupuesto ese año y las subvenciones productivas quedaron reducidas a 3 por ciento. En 2023, esos rubros absorberían 73 por ciento y 2 por ciento, respectivamente.
En mi opinión, la discusión puede ir en el sentido de que se está desatendiendo la crucial oferta alimentaria que producen las grandes, medianas y pequeñas unidades agropecuarias de propiedad empresarial (poco más de un millón de unidades económicas, 18.3 por ciento del total), las cuales poseen más de cien millones de hectáreas y han concentrado, desde siempre, los apoyos de todo tipo; a ellas se debe 65 por ciento de la producción cerealera del país y prácticamente el total de la hortofrutícola.
Lo cierto, sin embargo, es que haber dejado de subvencionar las actividades de esas unidades las ha obligado a seguir produciendo con su buena tecnificación y rendimientos, con su experiencia y contactos mercantiles sin que haya mermado su aportación a las cosechas nacionales. Es lo que ha estado pasando desde 2019 y volverá a pasar en 2023, cuando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no tendrá un centavo de presupuesto para subvencionar créditos, seguros o tecnificación, ni para protección comercial con coberturas de precios, ni tampoco tenga presupuesto para fomento ganadero y pesquero.
Lo que se mantiene en apoyo de las unidades empresariales es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, cuyos certificados son indispensables para las exportaciones hortofrutícolas y seguramente, cada vez que se presenten controversias como las habidas con las exportaciones de aguacate o de tomates, el gobierno volverá a apoyar firmemente a los nacionales.
Por su parte, los campesinos ejidatarios y comuneros, que poseen 4,331,134 unidades económicas rurales (71.7 por ciento restante), con cerca de 45 millones de hectáreas (menos de la mitad que las unidades privadas), generan 35 por ciento de la producción cerealera, en gran parte para autoconsumo; a ese campesinado se destinaría 73 por ciento del presupuesto de la secretaría como apoyos directos en precios de garantía y fertilizantes, y mediante programas como Sembrando Vida.
La experiencia que se tiene es nefasta; Segalmex operó durante más de tres años los precios de garantía, bajo la dirección de Ignacio Ovalle, con un pésimo diseño y una aparente corrupción que de probarse, sería varias veces mayor que la ‘estafa maestra’ del sexenio pasado.
Las criterios en política rural no son malos: apoyar a las unidades mejor capitalizadas en su comercio exterior y las prácticas productivas de la mayoría del campesinado, que es pobre y tiene poca tierra, pero Segalmex ha fallado rotundamente con el sector que se considera prioritario.