El presidente López Obrador recibió el 28 de noviembre al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack; el alto funcionario vino a México a protestar por el decreto emitido el 20 de diciembre de 2020 conforme al cual, a partir de 2024 quedaría prohibido el uso del herbicida glifosato -asociado a miles de casos de cáncer- así como la importación de maíz transgénico para consumo humano.
También conocido como “Sr. Monsanto” por haber favorecido el uso del glifosato que fabrica Monsanto y haber liberado el uso de semillas transgénicas mientras fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Barack Obama, Vilsack declaró, tras su encuentro con López Obrador, que si no se logra una “solución favorable” a la prohibición mexicana del uso de maíz transgénico -o sea, si no se anula el decreto gubernamental de hace dos años- acudirá a la solución de controversias que prevé el T-MEC. AMLO ofreció ampliar el plazo hasta 2025 para certificar si ese maíz es o no dañino para la salud de las personas.
El problema para nuestro gobierno es que las normas en materia sanitaria y uso de plaguicidas se homologaron en el T-MEC con las de Estados Unidos, país en el que los organismos genéticamente modificados (OGM) están liberalizados, por obra de Vilsack; es decir, conforme a los capítulos que se refieren a las prácticas regulatorias y medidas sanitarias, y a las prácticas fitosanitarias del T-MEC, nuestro país perdió el derecho a determinar sus mejores prácticas agrícolas y tendría que permitir la importación y siembra comercial de maíz transgénico que, por cierto, está prohibido su uso en varios países europeos y en Rusia.
Sobre los transgénicos hay algunos mitos, como el de que elevan los rendimientos y el precio de venta de cada tonelada que se cosecha; ni una ni otra cosa son ciertas; la principal característica del maíz transgénico es su resistencia al glifosato, que abarata el control de hierbas en la siembra; lo fabrica Monsanto, propietaria a la vez de la patente del maíz transgénico. Herbicida y maíz transgénico son inseparables, no funciona uno sin el otro.
El problema para México es que el uso comercial en nuestro campo de ese “paquete tecnológico” haría prácticamente inevitable la contaminación de más de cincuenta variedades de maíces nativos, de los que depende la producción de 73 por ciento de las unidades agrícolas de México.
La mayoría de las unidades campesinas del país no son empresariales, son de subsistencia, que se logra con base en la diversidad genética de maíces adaptados a la diversidad ambiental del territorio; perder ese germoplasma por polinización de maíces patentados, pondría en grave riesgo la seguridad alimentaria de casi cuatro millones de familias campesinas.