La elevación en 50 puntos base de la tasa de referencia decidida por la Junta de Gobierno del Banco de México, para dejarla en un nivel sin precedentes de 11 por ciento, sorprendió a los inversionistas y motivó al presidente López Obrador a insistir en que el banco no debería tratar de controlar la inflación subiendo su tasa de interés, sino que debería considerar también que el encarecimiento del dinero afecta el crecimiento de la economía.
Dijo López Obrador en Jalisco el viernes pasado: “Yo quisiera que el Banco de México no sólo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico, porque esa fórmula de que, si hay incremento de inflación, aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, pues es lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones”.
El combate a la inflación divide a los economistas en dos bandos; el que está a favor de aumentar las tasas de interés para reducir el poder de compra del mercado y forzar así a los vendedores a que bajen sus precios, y el grupo que argumenta que el alza de precios debe resolverse fomentando inversiones para elevar la producción y la oferta de bienes.
Es decir, los precios suben porque la gente tiene dinero de más, o porque hay escases de productos; en el caso de México es difícil atribuir al exceso de dinero en el bolsillo de los consumidores el encarecimiento de la canasta básica, que pasó de 15.3 por ciento en diciembre 2022 a 15.8 por ciento al cierre de enero 2023, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
El caso es que en la realidad se combinan desajustes entre la oferta y la demanda que van cambiando, y la eficacia de la política económica depende de las medidas que se apliquen ante las variantes circunstanciales entre ambos componentes de los mercados.
El Banco de México no puede incidir alternativamente entre oferta y demanda del mercado, porque no tiene más instrumentos de política que la regulación de dinero circulante -mediante tasas de interés de referencia- para tratar de controlar la inflación que, junto con la emisión de moneda, es su único mandato.
El banco hace lo que puede, con los instrumentos que tiene, aunque la política monetaria no sea el instrumento adecuado en todo momento.
Para cumplir con su mandato, el banco es autónomo desde el 1 de abril de 1994 por efecto de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política.
Esa reforma fue uno de los cambios hechos a la Constitución para adaptarla a la lógica de la economía global, tema al que nos referimos aquí la semana pasada; lo mismo hicieron casi todos los países durante el periodo de la década de 1990, que fue establecer la autonomía de sus bancos centrales.
Respondían todos al precepto neoliberal de que las decisiones de política monetaria no fueran contaminadas por otras consideraciones políticas, como la de estimular el crecimiento económico.
La autonomía de los bancos centrales es un ejemplo de cómo la autonomía de la lógica económica sitúa las decisiones básicas en esa área fuera del juego político. De ahí que comentáramos en este espacio hace dos semanas que si no se recupera la relación propia de la economía política, como operó hasta hace 40 años, el gobierno no puede corregir los excesos de origen mercantil que han llevado a la concentración indebida de riqueza.