El lema del Secretario de Comercio y Fomento Industrial hace treinta y cinco años era que la mejor política consistía en que no hubiera política. Serra Puche creía haber comprendido el Consenso de Washington y, como parte del gobierno de Carlos Salinas, se dio a la tarea de desproteger a la planta productiva ante el comercio exterior, de desregular sus operaciones y desincorporar empresas públicas.
La idea de fondo desde aquel gobierno y los que le siguieron, era que México no tenía más alternativa para crecer, que la de integrarse plenamente a la economía y normatividad de Estados Unidos.
Con prontitud se procedió a hacerle cambios a la Constitución para introducir principios del «Consenso de Washington» y para facilitar la desincorporación de empresas públicas y de bancos, lo que se hizo mediante arreglos particulares.
Con tales modificaciones, nuestra Constitución Política se desfiguró y dejó de ser el compendio indispensable de los objetivos de algún proyecto nacional, de los derechos ciudadanos y de las responsabilidades y facultades de los gobernantes.
Si en materia constitucional y leyes secundarias se procedió con prontitud y determinación, no ocurrió lo mismo con la preparación de las bases internas del país para que los lazos de integración a la suerte de Estados Unidos posibilitaran un desarrollo social, regional y ambientalmente equilibrado.
Debido a esa desatención, ahora que está por iniciar en los hechos la relocalización de cadenas productivas de la economía global, México tiene enormes rezagos en infraestructura, capacitación laboral, seguridad jurídica e inseguridad pública para atraer todas las inversiones que quisieran aprovechar la ventaja de la proximidad al mercado más grande del mundo.
Este sábado pasado hubo una reunión en el Centro Tepoztlán, Víctor L. Urquidi A.C., que ahora preside la doctora Susana Chacón, sesión en la que la embajadora Martha Bárcena y los especialistas Antonio Ortiz-Mena, Diego Marroquín, Enrique Dussel y Luis Jaime Sobrino analizaron las condiciones en que México podría ser un gran receptor de inversiones masivas.
Lo sería si, en orden de importancia, según los expertos, México dispusiera de suficiente oferta de energía eléctrica estable, barata y limpia, y si contara con mayores vías de comunicación terrestre sur-norte y este-oeste. También tendría que mejorar la confianza en la estabilidad de las reglas jurídicas y sobre todo, en su aplicación.
De acuerdo a los expositores, de menor importancia en las decisiones de los inversionistas serían la escasez de trabajadores por falta de capacitación y la inseguridad pública.
Esos puntos son los que interesarían a los inversionistas extranjeros que se resuelvan; a pesar de todo, desde la firma del TLC en 1994 han venido para conformar la fuerza exportadora del país que se refleja en la balanza de pagos y explica lo sustancial del PIB anual, pero no incide significativamente en el empleo y remuneración de la fuerza laboral del país, cuya precariedad o bienestar califica el progreso del país.
A nuestros empresarios y gobiernos les faltó cultura y visión para comprometerse, entre otros aspectos, con el desarrollo de cadenas de valor vinculadas, tanto al sector exportador como a cubrir la demanda interna, cadenas que generaran capacidades tecnológicas, buenos empleos y salarios, y fortalecen a las clases medias y al mercado interno.
En pocas palabras, tanto empresas como gobiernos dejaron que hoy por hoy, el crecimiento económico dependa del dinamismo del sector exportador, del que 99 por ciento de la planta productiva está desvinculado y orientado a satisfacer un mercado interno raquítico, del que sólo 12 por ciento de la población constituye un mercado típico de clase media, el verdadero dinamo que estimula inversiones, crecimiento y desarrollo.
En vez de perseguir rentas y garantías como siempre, el empresariado tendría que aprender a obtener ganancias arriesgando capitales para mejorar su competitividad, y los gobiernos tendrían que construir bienes públicos que eleven la competitividad general de la economía y con ello, hacer posible el establecimiento de cadenas de actividades más eficientes en su oferta de bienes y servicios que las provenientes de otras economías.
La relocalización de cadenas de valor externas con seguridad favorecerá a México con más inversiones extranjeras; está por verse que el empresariado y gobiernos hagan un mejor papel que el que han hecho desde la firma del TLC durante el gobierno de Salinas.
