Los mecanismos que daban orden y relativa certidumbre a los mercados agrícolas de México los desapareció el gobierno de la 4T desde 2019; la agricultura por contrato y las coberturas de precios en los mercados de futuros dejaron de ser materia de política pública; también dejaron de serlo los precios objetivo, aquellos que comprendían costos y márgenes de utilidad y que en las ocasiones en que los precios del mercado fueran inferiores, el gobierno cubría la diferencia. Este año también desapareció la Financiera Rural.
La agricultura por contrato, por ejemplo, permitía que desde la siembra, el agricultor tuviera un precio mínimo y un comprador seguro; si el mercado de futuros subía, el productor recibía un mejor precio mientras que el comprador tenía su abasto garantizado a un precio anticipado, lo que daba lugar a una relación de confianza y de orden en el mercado.
En ausencia de esos instrumentos, la agricultura comercial queda a merced de los mercados internacionales; la comercialización mundial de cereales, oleaginosas y leguminosas está dominada por unas pocas empresas. En este espacio nos hemos referido a Monsanto, Cargill, Archer Daniels, Midland y Dupont, que se han aprovechado de alteraciones en los mercados para exorbitar sus márgenes de ganancia.
Los compradores nacionales de maíz blanco -que son Gruma y Minsa- adquieren las cosechas del país al precio al que podrían comprarlas en cualquier parte del mundo o sea, a precios internacionales que dicen los agricultores de Sinaloa, ahora están por abajo de sus costos de producción.
Los mercados agrícolas son, por naturaleza, inestables e inciertos; por eso, los países que valoran la importancia estratégica de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para la población, intervienen con lo que sea necesario.
La transformación que intentó implantar el gobierno de AMLO en materia agropecuaria -después de desaparecer apoyos a la agricultura comercial- arrancó con la creación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), destinada a ofrecer precios de garantía por encima de los del mercado a los productores de menores recursos y más bajos rendimientos; su fracaso era inevitable porque persigue la falsa e irrealizable expectativa de que ese campesinado, que arrastra déficit de bienestar ancestrales, invirtiera los extras que recibiera en tecnificarse y no en mejorar sus precarias condiciones de vida.
Con ese mismo esquema, Segalmex acordó desde el 17 de mayo pasado comprar en 6 mil 965 pesos cada tonelada de maíz blanco (el precio de mercado ronda 5 mil 200), pero solamente a los propietarios o arrendatarios de hasta 10 hectáreas, cuya oferta global es de unos dos millones de toneladas.
Los demás productores sinaloenses tienen que vender más de cuatro millones de toneladas al precio de mercado, que además está escasamente demandado, lo que ha motivado protestas que llegaron al bloqueo del aeropuerto de Culiacán la semana pasada.
Platiqué ayer con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, quien me transmitió la urgencia de que se empiecen a pagar las compras pactadas hace un mes, que se establezcan negociaciones entre productores y compradores con intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como sucedía en el pasado y que el Proyecto de Presupuesto de 2024 recupere medidas de apoyo a la comercialización de cereales y sorgo con instrumentos como el ingreso objetivo y las coberturas de riesgo en la agricultura por contrato.
No hay mejor fertilizante para la agricultura que el precio que reciben los agricultores por su cosecha y ese depende de su capacidad de negociación al comercializarla y tal potencial negociador depende de instrumentos de los que ahora carecen.