La desigualdad económica, social y regional es el mayor obstáculo al desarrollo de cualquier economía de mercado, como es la de México; en buena parte del mundo está emergiendo como la principal distorsión de los mercados. El Informe Mundial de Desigualdad (WIR) consigna que el mundo se ha vuelto más desigual en riqueza e ingresos durante los últimos 40 años, que son los de globalización neoliberal.
Dos causas sobresalen de las desigualdades a nivel global: la fuerte reducción del Impuesto sobre la Renta decretada durante la década de 1980 a partir de las políticas neoliberales para favorecer a los que más ganan, y segundo, a la pérdida provocada de capacidad de negociación de los trabajadores, forzados a aceptar menor participación de los salarios en el PIB de Europa, Estados Unidos y otras regiones.
México ha padecido lo mismo: una estructura fiscal absolutamente injusta y contracción de la masa salarial. El gran acierto de la 4T es su lema “por el bien de todos, primero los pobres”: por el bien de la armonía social, de la gobernanza política y del conjunto de condiciones y participantes que intervienen en la economía para generar empleos, inversiones, servicios financieros y mercantiles, internos y externos, las desigualdades deben atemperarse.
No obstante su enorme peso contrario al avance de cualquier propósito de desarrollo de México, Xóchitl Gálvez concibe las desigualdades sólo como un problema de “capacidades de las personas para que puedan tener acceso a más oportunidades”, segundo, como un problema de presupuesto para mantener los programas de asistencia a los pobres; hasta se cortó un dedo para firmar con su sangre que no daría un paso atrás en los programas sociales diseñados por la 4T, epítome del populismo del régimen.
Pero la candidata presidencial del PRI-PAN ni siquiera se refiere al mercado laboral del país, que es donde se origina la desigualdad económica y el ámbito donde hay que actuar con mayor determinación.
Las políticas fiscales redistributivas y cerrar los agujeros de la evasión fiscales como ha hecho el actual gobierno, son complementarias de lo que se consiga en mejorar los términos de contratación laboral.
Lo que se ha hecho durante este sexenio en ese terreno son acciones, por así llamarlas, preredistributivas y lo más importante ha sido el establecimiento de tendencias en dos aspectos: democratización de los sindicatos de trabajadores para que, con un liderazgo genuino, las negociaciones de los contratos colectivos sean efectivamente de beneficio colectivo.
El segundo aspecto es más conocido: cuando inició el sexenio del presidente López Obrador, el salario mínimo era de 88.36 pesos diarios, 2 mil 687 pesos mensuales. A partir del 1 de enero de 2024 es de 248.93 pesos, 7 mil 508 pesos mensuales en general y de 374.89 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.
Quien trabaja no debería ser pobre, pero en México, aún con los aumentos salariales habidos durante el sexenio, el 39 por ciento de la fuerza laboral del país, empleada en la economía formal, no gana lo suficiente para salir de pobre.
Si se incluye a quienes se mueven en la economía informal, no pueden salir de pobres trabajando más del 60 por ciento de la fuerza de trabajo nacional.
De ese tamaño es el desafío de la desigualdad que se origina en un acuerdo laboral que prevaleció en el país durante décadas y que la futura presidenta tendrá que impulsar una concertación entre empresas y sus trabajadores que lleve a mejorar la eficiencia productiva y organizativa empresarial y a una justa distribución de los beneficios con los trabajadores.