Después de varias reuniones del equipo que coordina Juan Ramón de la Fuente en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum con miembros del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para elaborar propuestas concertadas, ella se reunió el lunes de esta semana con sus directivos para hablar sobre las prioridades de atención a la mayor problemática del país.
El presidente del CNA, Juan Cortina, abrió la reunión con diversos planteamientos importantes, entre los que destacó el del agua. El Consejo representa a la mayoría del empresariado rural más dinámico y pujante, que produce en los 6.5 millones de hectáreas con que cuenta el país bajo riego. En temporal se siembran 16 millones de hectáreas.
Aunque ese empresariado solo conforma alrededor del 9 por ciento de las unidades económicas del campo (con grandes diferencias en cuanto a superficie cultivada), aporta el 40 por ciento de la producción agrícola del país y es el principal generador de divisas por exportaciones.
Juan Cortina subrayó la urgencia de que el próximo gobierno diseñe una estrategia nacional del agua, de la que depende la eficiencia y rendimientos de esa agricultura, proveedora de buena parte de los cereales y hortalizas que comemos y que se exportan.
Cortina reconoció que el 60 por ciento del agua que se emplea en el riego agrícola se pierde, lo cual ocurre porque no se ha invertido en tecnologías existentes para su aprovechamiento eficiente.
En su intervención, la candidata presidencial empezó por decir que el campo reclama políticas que no pueden ser iguales para todos los hombres y mujeres del campo. Tienen que diferenciarse por regiones y tipo de productores.
Solía considerarse una división bipolar del campo entre campesinos pobres y agricultores ricos; no obstante, los instrumentos de subsidios para el fomento productivo se diseñaron bajo un mismo criterio: otorgarlos con referencia a los rendimientos que cada uno podía obtener.
Así que recibía más quien cosechaba más, 12 toneladas de maíz por hectárea, por ejemplo, que quien solo levantaba 700 u 800 kilos, aunque estuviera haciendo el uso más eficiente posible de sus escasos recursos.
El objetivo de la política rural de su gobierno sería, dijo Sheinbaum, fortalecer la soberanía alimentaria, que a mi parecer es un asunto de seguridad nacional ante el cambio climático, que hará que muy pronto se eleven exponencialmente los precios internacionales de cereales y oleaginosas, frutas y hortalizas.
Para alcanzar ese objetivo, la política rural se centraría en tres ejes: elevar el bienestar de la población rural, resolver el problema del agua, y fomentar las mejoras productivas.
Para evitar los errores del pasado, el fomento productivo diferenciaría sus acciones por regiones y tipo de productor, como dijo Sheinbaum, lo que debería permitir diseñar instrumentos que, además de los rendimientos, tomen en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos naturales y tecnológicos apropiados a cada tipo de productor.
Con el problema del agua hay mucho que puede hacerse para mejorar la eficiencia en su uso, considerando que más de la mitad de la que se usa en riego se evapora o se filtra antes de llegar a los surcos; considerando también, que una revisión a fondo del registro de concesiones y permisos de refresqueras y hasta de políticos, haría posible aplicar la ley y mejorar su distribución; se puede también echar a andar el 75 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas negras que no están funcionando porque, según explicó Sheinbaum, están a cargo de los municipios, y no tienen dinero para hacerlo.
Otra cosa es la sequía que, según el seguimiento que hace el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que dirige Juan Carlos Anaya, las 210 presas del país han mantenido una pérdida constante de su almacenamiento desde 2015; si en mayo de aquel año estaban al 69.7 por ciento, este mayo 2024 solo contienen 38.1 por ciento de agua.
De esas, las 94 presas de uso agrícola apenas cuentan con 28.8 por ciento de su almacenamiento, pero en los tres estados más importantes del ciclo otoño-invierno, que debe empezar a sembrarse en octubre próximo, las 11 presas de Sinaloa están al 11 por ciento (la mitad que en 2023), las de Sonora al 11 por ciento (a la cuarta parte) y las de Jalisco al 44 por ciento en vez del 69 por ciento de hace un año.
De prevalecer las condiciones de sequía, el país enfrentaría un año de bajas cosechas en 2025, especialmente en granos y hortalizas, concluye el GCMA.
Y como dijo la doctora Sheinbaum, debemos esperar que los próximos años serán de sequía; no hay problemática nacional para la que hay que prepararse mejor que la derivada del cambio climático, como es la sequía de gran parte de nuestro territorio.
En otros países del mundo ya elaboran planes de adaptación climática —se le conoce como huella de agua— de sus principales cultivos; comenzar a hacerlo en México es una de las propuestas de Sheinbaum.
El autor es analista. Profesor de la UNAM. Maestro en Historia de México de los Siglos XIX y XX.