Según la oposición a la 4T, el equilibrio entre las esferas que conforman el gobierno —poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial a nivel federal y de los estados— es lo que determina que el ejercicio del poder sea «democrático».
Desde esa perspectiva, la función fundamental del Poder Legislativo no es hacer leyes que faciliten el desempeño del Ejecutivo, sino contenerlo, frenarlo, mismo papel que se contempla para el Poder Judicial.
Un punto de vista distinto es que legisladores, ministros, magistrados y jueces son, como el presidente de la República, parte del gobierno que la sociedad se da para cumplir un proyecto de desarrollo que responda a las prioridades de las necesidades sociales.
En una sociedad con intereses y posiciones ideológicas opuestas como la mexicana, cada sector considera prioritario que se atiendan las exigencias del desarrollo que mejor se acoplan a sus intereses.
Las elecciones sirven —en algunos países mejor que en otros— para que la ciudadanía se pronuncie en favor de uno u otro proyecto, según las órdenes de prelación que le presentan los partidos políticos y sus candidatos.
Por ejemplo, el que ofrecía Xóchitl Gálvez por la coalición PRI-PAN era el de asegurar las utilidades empresariales antes que atender los rezagos sociales. El proyecto ampliamente legitimado por 36 millones de votos consiste en alcanzar ante todo, equilibrios que aminoren la división de la sociedad por desigualdades de toda índole.
Para avanzar en la opción ganadora se tienen que hacer reformas constitucionales para devolverle el carácter social que perdió nuestra Carta Magna.
La 4T ha hecho reformas, pero falta un conjunto que abarca, entre otros aspectos, cuatro programas sociales, el derecho universal a la salud y a la educación, la inmunidad presidencial y el tráfico de influencias políticas, la democracia participativa, los derechos medioambientales y la polémica reforma del Poder Judicial.
En varios países, como España, se practica la sobrerrepresentación de los partidos más votados con el decidido propósito de evitar que las minorías representadas en el Congreso de los diputados y en el Senado, puedan paralizar aquella labor legislativa que favorezca el proyecto político apoyado por la mayoría electoral.
Mientras más cerca del equilibrio estén la fuerza política mayoritaria y sus oposiciones, la función legislativa pierde fluidez y eventualmente, la variedad de intereses y opiniones actuantes en el Congreso puede poner en crisis el proyecto político por el que votó la mayoría del electorado.
No sucederá así en México, por lo menos en los próximos tres años. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el viernes pasado la mayoría calificada para la coalición electoral que integraron Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, y todo indica que el Tribunal Electoral confirmará el razonamiento del INE, que se basa en que la norma solo les impone límites de sobrerrepresentación a los partidos, pero no a las coaliciones.
Desde 2008 se eliminó el límite de 8 por ciento a la sobrerrepresentación de las coaliciones, límite que sí tienen los partidos; en los procesos electorales habidos desde entonces, las coaliciones han ganado porcentajes de sobrerrepresentación mayores; por ejemplo, la del PRI-PVEM en las elecciones intermedias de 2015, tuvo 11.72 por ciento y la sobrerrepresentación de la coalición formada por Morena-PT-PES fue de 15.22 por ciento en 2018.
Conforme a la norma que se aplicó en esos y otros procesos anteriores, a la coalición que postuló a Claudia Sheinbaum y ganó con el 54.7 por ciento de la votación, le corresponde una sobrerrepresentación del 18.1 por ciento, lo que significa que ocupará el 72.8 por ciento de las curules de la Cámara de Diputados.
Tras el fallo del INE, la oposición sigue exigiendo que se le imponga a la coalición que gobernará el mismo límite que a los partidos; lo insólito es que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, admitió la queja del PAN contra la sobrerrepresentación de Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados a pesar de que la SCJN no tiene competencia en materia electoral y estaría usurpando las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así las cosas desde la derecha.