Contracorriente

División de poderes

El proyecto nacional debe ser el nivel básico de acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cual reclama que haya buena coordinación entre ellos para llevarlo adelante.

Una crítica reiterada a la reforma constitucional del Poder Judicial que AMLO se empeñó en ver promulgada antes de dejar la presidencia de la República, ha sido que anula la independencia de los ministros, magistrados y jueces y, en consecuencia, cancela la división de poderes.

Asumir eso como el meollo de la reforma exige algunas precisiones acerca de la división de poderes, su coordinación y contrapesos; el pacto social, el proyecto nacional o la dirección del desarrollo, como se le quiera llamar, debería constituir el nivel básico de acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cual reclama que haya buena coordinación entre ellos para llevarlo adelante.

Otro nivel de relaciones entre los poderes es el de la implantación de lo acordado, en el que la independencia de cada uno es condición para ejercer los contrapesos que pueden evitar desviaciones o excesos.

Coordinación en el nivel del acuerdo sobre el rumbo del desarrollo, e independencia de cada esfera de poder para contener a sus pares.

En México no hay consenso en torno al proyecto nacional, el del primer nivel; desde que se agotó el modelo de desarrollo estabilizador en los años ochenta del siglo pasado, se declaró la disputa por la nación, como lo adelantaron Rolando Cordera y Carlos Tello en un libro icónico así titulado, disputa que no ha cesado.

La disputa sigue siendo entre ejercer acciones sobre la economía política para que el crecimiento sea mejor compartido, o liberar al ‘mercado’ de influencias ideológicas y dejar de endilgarle adjetivos a la democracia, lo que generaría tan diverso y dinámico crecimiento que los beneficios alcanzarían para todos.

Desde el salinato ganó el segundo modelo con la adopción del neoliberalismo diseñado en Washington; su traducción judicial fue la reforma de 1995, que, como bien explicó el domingo su promotor, el presidente Ernesto Zedillo, se hizo “con el preciso fin de fortalecer la independencia y las capacidades del Poder Judicial mexicano”.

La independencia total que se le otorgó no favoreció el fortalecimiento de las capacidades judiciales, a juzgar por tasas de ineficiencia como un rezago del 75 por ciento de juicios, un 85 por ciento de reos no sentenciados y la escandalosa impunidad en que queda el 94 por ciento estimado de los hechos delictivos, a lo cual también contribuyen los ministerios públicos. Eso por no hablar de litigios fiscales y otros casos icónicos de corrupción.

A partir de 2018 se impuso electoralmente un proyecto de nación que no se propone socialismos ni comunismos, sino, nada más, atemperar las desigualdades sociales, acentuadas por el modelo neoliberal.

Desde ese año, la presidencia de López Obrador y gran parte del Legislativo han jalado por ese lado y el Poder Judicial por otro; lo que hemos tenido ha sido un gobierno dividido en lo esencial, que es el rumbo del desarrollo.

Muchos problemas de México parten de las desigualdades. Para atemperarlas va el cambio de régimen que emprendió López Obrador y por el que Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial, con el lema de que la prosperidad sea compartida “porque si no, no será”.

La reforma constitucional en materia judicial buscaría una mayor coordinación de los ministros, magistrados y jueces como intérpretes del derecho, con el rumbo político de la 4T.

De darse en ese nivel básico la coordinación entre los tres poderes, su independencia se ejerce, o debía ejercerse, en los contrapesos que acoten, ya no el rumbo sino las estrategias, políticas y programas en la continuidad de la 4T.

Ese proyecto de nación requiere ajustes sustantivos en lo que ha emprendido, en sus políticas y programas sociales, en medidas democratizadoras del ámbito laboral, en las estrategias para el desarrollo de inmensas regiones del país siempre olvidadas, en política internacional y, sobre todo, exige cambios frente al crimen organizado, que hay que entenderlo como una corporación transnacional que se ha empoderado sobre la economía, la política y la tranquilidad social.

Los retos son enormes y un gobierno dividido no es la mejor manera de afrontarlos.

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