Al declararse no culpable de los cargos que le imputan en Estados Unidos como presunto conspirador con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína, Genaro García Luna podrá negociar un trato benigno a cambio de lo único que tiene que ofrecer: dar nombres y denunciar acciones de la red de corrupción entre funcionarios y delincuentes, tanto estadounidenses como mexicanos.
¿De qué servirá la información que ofrezca? García Luna fue acusado por un gran jurado federal estadounidense el 4 de diciembre del año pasado de haber despejado el camino para los envíos de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de México. Fue arrestado días después en Dallas.
Dicen los que conocen el sistema judicial estadounidense que un gran jurado no acusa sin antes haber reunido evidencias y pruebas contundentes; podemos, por lo tanto, considerar los cargos por los que García Luna fue arrestado para empezar a entender que la guerra contra el narco declarada en el sexenio calderonista fue una sangrienta simulación.
De comprobarse las principales acusaciones contra el exfuncionario, se sabrían pormenores de por qué no se logró la neutralización selectiva de cárteles en favor del de Sinaloa, y en cambio se desarticularon los mecanismos de control de esas organizaciones que, al dispersarlas, diversificaron sus actividades delictivas en contra de la sociedad.
Lo que se sabe hasta ahora del caso García Luna sirve también para entender que inclusive en la corrupción hay niveles y grados, y que no es lo mismo la que ocurre circunstancialmente que la que genera la connivencia con criminales en el seno de las estructuras institucionales.
Claramente es la corrupción que penetra hasta altos niveles las instituciones del Estado, tanto de organizaciones criminales como de grupos con gran poder económico, la que ha empobrecido material y cívicamente el desarrollo de México; ahora podríamos saber más sobre quiénes y cómo lo hacen para castigarlos como se merecen.
Todo indica que en el combate a las fuerzas del narcotráfico, el gobierno de México ha concertado una alianza con el de Estados Unidos y que está más dedicado a "barrer la casa desde arriba de la escalera".
Hay arrestos de personajes antes intocables; el primero fue el del abogado Juan Collado, cercano al salinismo, acusado de presunto lavado de dinero; Emilio Lozoya está prófugo y hay cinco exgobernadores encarcelados. Alfonso Ancira es el único empresario del mismo calibre que está detenido en España para ser enjuiciado.
Hay decenas de funcionarios indiciados y detenidos, pero ninguna sentencia todavía; la desaparecida Procuraduría General de la República fallaba con demasiada frecuencia en el debido proceso por lo que, casualmente, sus acusaciones pocas veces culminaban en sentencias condenatorias. La Fiscalía General de la República tiene que actuar diferente para que ahora sí haya sanciones a quienes se les demuestre su culpabilidad.