El 30 de abril cierra la convocatoria del gobierno para opinar sobre los términos de la Constitución Moral. El tema es harto polémico porque en cada una de las posiciones encontradas, hay fuertes dosis de razón: es tan cierto que la elaboración de tal documento entraña peligros como el hecho de que la crisis moral, no sólo de México sino del mundo occidental, es profunda.
El culto a la privatización, la admiración acrítica de la 'libertad' de los mercados, la ilusión de que el mero crecimiento es sinónimo de progreso, las desigualdades de todo orden y el menosprecio por el sector público han dado lugar, entre los sectores privilegiados de las sociedades, a un acendrado materialismo y egoísmo.
Nuestra sociedad mexicana está, además, agobiada por incertidumbres y violencia propias, y por la ausencia de propósitos colectivos ante lo cual AMLO propuso, durante la campaña presidencial, recurrir a la Cartilla Moral de Alfonso Reyes para actualizar valores colectivos, necesarios para una convivencia en la que haya tolerancia a la disidencia, se promueva la paz y se inhiba la corrupción.
Desde el 3 de diciembre pasado se abrió la convocatoria para aportar a la redacción de una Constitución Moral, la cual no se pretende que sea un texto jurídico y político que implique obligaciones.
Alfonso Reyes sostiene en las primeras líneas de su Cartilla que la moral es como una "Constitución no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres".
En ese nivel colectivo, tan general como el de un orden social aceptado, es clara la necesidad de compartir valores morales; las desmedidas expectativas acerca del sentido, objetivos y beneficiarios de la 4T hacen evidente, tanto la crisis como el anhelo social de valores de respeto, autoestima y propósitos comunes significativos.
Tales valores, en ese nivel societario general, no generan conflicto alguno con las preferencias personales de religión, sexualidad o cultura, ni con las diferencias étnicas o sociales, aunque sí actúan como inhibidores éticos de conductas antisociales.
Javier Garcíadiego, expresidente de El Colegio de México, editó y prologó la cartilla moral de Alfonso Reyes bajo el sello Opúsculo, de El Colegio Nacional.
La edición da cuenta de la suerte que ha corrido la Cartilla Moral desde que Alfonso Reyes la escribió en 1944 hasta su adopción por López Obrador; da cuenta también de los argumentos en contra de que el gobierno promueva valores y principios éticos entre la población, "que antes serían definidos por los redactores de la Constitución Moral, cuya legitimidad para tal cargo no ha sido fundamentada".
Los argumentos en contra coinciden en que al gobierno no le corresponde meterse en el ámbito de la moral de las personas y algunos han advertido, en diferentes foros, que llegarían a crearse mecanismos para perseguir a quienes no cumplan con las ideas de lo que es justo, correcto y bueno.
El dilema, a mi parecer, está en alcanzar una derivación moral de nuestra cultura que refrende los valores que nos identifican como mexicanos, sin que el gobierno confunda la promoción de la Constitución Moral con un derecho a convertir sus puntos de vista, ideas y valores en un deber para los demás.