La tendencia del presidente López obrador a descalificar grupos sociales no se detuvo ante el mundo académico. Él no cree que las universidades y los investigadores demuestren que son socialmente útiles.
En una de sus conferencias mañaneras de hace unos días, dijo el presidente que la actual carencia de médicos en el país se debía a que las universidades públicas habían rechazado miles de aspirantes a estudiar la carrera "con el pretexto de que reprobaban el examen de admisión".
En otra de esas comparecencias ante la prensa, López Obrador arremetió contra los científicos acusándolos, a todos, sin hacer distinción alguna, de que "no van al campo, no conocen la realidad y no pueden transformar una realidad que no se conoce. Están en las nubes", remató.
Lo peor es que a tan cuestionables opiniones del presidente, les anteceden acciones que van convirtiendo en hechos de gobierno su desconfianza en las instituciones e intelectuales dedicados a investigar, a pensar y a enseñar.
Además, está provocando una atmósfera contraria a la intelectualidad universitaria. Las universidades públicas están justificadamente preocupadas por las presiones presupuestales y otras en violación a su autonomía.
Por ejemplo, los congresos locales de varios estados de la república han presentado iniciativas para reformar la ley orgánica de sus respectivas universidades públicas, sin que en el proceso se tomaran la molestia de dialogar con sus autoridades, con su planta docente ni estudiantil.
Es el caso de las universidades de Sinaloa, Estado de México y Baja California Sur. Iniciativas semejantes se promueven en Tabasco y Nayarit.
El propósito, al parecer, es que las universidades sirvan para resolver problemas; es decir, que sean socialmente rentables.
Estoy seguro de que esa es también la aspiración de los académicos. El problema es que la investigación científica y la formación de profesionales en una economía de mercado, antes que ser socialmente rentables, tienen que serlo para quien paga por ellos.
No se puede culpar a la ciencia del uso que le dan intereses particulares para hacer negocios, ni que sus aplicaciones nada tengan que ver con respuestas que reclaman con urgencia, por ejemplo, las desigualdades o el avanzado deterioro ambiental. El planeta seguirá deteriorándose mientras no sea negocio limpiarlo, o pregúntele usted a Trump.
Las soluciones a problemas como esos están en el ámbito político y fundamentalmente en el económico, nacional e internacional, no en la modificación arbitraria de la ley orgánica de las universidades.
Es tan frontalmente violatorio de la autonomía universitaria que los diputados locales, de mayoría morenista, pretendan modificar las normas de gobierno que según la Constitución sólo pueden hacerlo los órganos universitarios, que hasta el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió que quien vulnera la autonomía universitaria incurre en una violación de las garantías fundamentales.
En ese tenor, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México celebró el Coloquio 90 años de la Autonomía Universitaria y al inicio del actual semestre lectivo, Sergio García Ramírez, profesor emérito de la facultad de derecho, dio el discurso de posicionamiento en defensa de la autonomía universitaria y de la ley orgánica de la UNAM.
Hace mal el presidente López Obrador en descalificar y presionar a instituciones y personas dedicadas a pensar, que también quieren tener presencia e influencia en el progreso de México, pero que son muy escasos los canales para lograrlo.
Independientemente de las fallas que ha cometido el presidente, crece mi esperanzada expectativa de que ALMO esté desarticulando la red de corrupción y complicidades que nos han empobrecido.