Desde que Carlos Salinas encabezó la transformación neoliberal -económica y jurídica- del país, no habíamos tenido otro presidente de la república que llegara con un proyecto de transformación; el de AMLO parece encaminado a que el sector público y el privado cumplan mejor su respectivo cometido, aunque hay grandes dificultades y faltan definiciones en la estrategia.
La transformación neoliberal trastocó los principios constitucionales para abocarse a la integración 'plena' del país a Estados Unidos. Esa fue la directriz a la que se sometieron reformas a la constitución, la desregulación de nuestro mercado por el que circulan mercancías e inversiones de decenas de países; la desincorporación de empresas paraestatales y varias medidas más, como la anulación de políticas de fomento industrial y el abandono de los pequeños y medianos campesinos.
Se trataba de restar al Estado posibilidades de que interfiriera con decisiones políticas en la 'libertad' del mercado; para afirmar el distanciamiento Estado/mercado, el neoliberalismo también imponía disciplina fiscal a los gobiernos.
El resultado en México fue un enorme despilfarro de recursos, altos déficit durante los últimos años y un crecimiento acelerado de la deuda pública para cubrirlos. El saldo de la deuda creció más de 80 por ciento entre diciembre del 2012 y el mismo mes de 2018; pasó de 6.3 billones de pesos a más de 11 billones, equivalente al doble del presupuesto total de la federación.
Se le atribuye también al neoliberalismo haber instituido la autonomía de los bancos centrales, como el Banco de México. Dice Luis Foncerrada que durante el gobierno de Peña Nieto "hubo importantes transferencias del Banco de México al gobierno: 31.449 millones de pesos en 2015, 239,094 en 2016 y 321,653 en 2017". (http://centrotepoztlan.org/wp-content/uploads/2018/07/foncerrada-luis.pdf).
Mucho más disciplinados fiscalmente fueron los denostados gobiernos populistas del nacionalismo revolucionario y del económico, desde Lázaro Cárdenas hasta Díaz Ordaz.
El proyecto de transformación del actual gobierno alude con frecuencia a ese pasado histórico, lo que lleva a muchos a pensar que se propone volver al autoritarismo y al fuerte intervencionismo económico del Estado.
Sí, me parece, se piensa en el Estado como uno con capacidad para fomentar no sólo el crecimiento sino el desarrollo, aunque las acciones emprendidas no alcanzan, todavía, a perfilar con claridad el rumbo que se persigue. Estamos, por decirlo así, en la etapa de reconocimiento de las "barreras que impiden que el crecimiento permee en un mayor desarrollo económico", según dijo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al inaugurar el Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México.
Precisó Urzúa que esas barreras "tienen que ver con la mala asignación de los recursos, el débil Estado de derecho, los elevados niveles de corrupción, las condiciones iniciales desfavorables para ciertos sectores de la población, la falta de competencia en algunos mercados, las barreras a la apertura comercial, los bajos niveles de acceso y uso de instrumentos financieros, y los pocos incentivos para fomentar en México el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación" (El Universal, 17/03/2019).
La superación de esas barreras debería ser objeto de alianzas público/privadas, con liderazgo del Estado; la mayor indefinición de la 4T son los nuevos consensos políticos que debe construir, más allá de su capital electoral, en torno a referentes en los que el sector público y el empresarial se vean fortalecidos para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.