Dijo ayer el presidente que quisiera ayudar más a "los que están abajo (…), pero son nuestras posibilidades, hacemos lo posible también para no endeudarnos", y explicó que si se decidiera a pedir créditos ante la crisis y la pandemia, "en el futuro tendría que destinarse más dinero a pagar intereses de la deuda en lugar de destinarlo de manera directa al bienestar de las personas".
Tres observaciones sobre la opinión presidencial, con todo respeto.
Ciertamente, la política contra la pobreza, es pobre. Cuando mucho alcanza, suponiendo que no hay desvíos ni corrupción, a 22 de los 61 millones de pobres que hay en el país, y lo hace con ayudas muy insuficientes para posibilitar cambios permanentes en su vida.
Los apoyos van de 800 pesos mensuales que reciben 11 millones de estudiantes, a mil 310 pesos para 7.5 millones de adultos mayores; menos de un millón de personas con discapacidades recibe igual cantidad y alrededor de 600 mil jóvenes registrados en alguna empresa para capacitarse, reciben 3 mil 750 pesos mensuales.
En el medio rural, 409 mil jornaleros reciben 5 mil pesos mensuales para que siembren cultivos perennes en sus parcelas, y 2.4 millones de campesinos y pescadores reciben apoyos directos.
Mi segunda observación es que los programas sociales con que se ayuda a los pobres no están diseñados para sortear una emergencia como la que vivimos, a consecuencia de la cual, todos los mexicanos, con muy pocas excepciones, veremos reducidos nuestros ingresos.
Quienes perderán relativamente más son las familias de mayores ingresos, las ubicadas del sexto al décimo decil de ingresos; quienes entran en los primeros deciles también perderán, pero proporcionalmente menos.
La guía de la política social es el principio de que, "por el bien de todos, primero los pobres", lo cual es plausible, y lo sería más si no dejara fuera a 40 millones de ellos; pero en la situación de emergencia, otros sectores necesitan acciones temporales de protección.
Se requieren acciones para proteger empleos, subsidiando a empresas para pagar su nómina a condición de que conserven a todo su personal; las declaraciones mensuales al SAT darían información de cuáles empresas requerirían ese subsidio y cuáles no.
La crisis ya ha causado la pérdida de entre 5 y 8 millones de empleos y se perderán muchos más; a falta de un seguro de desempleo, habría que proteger a las personas que por esa o cualquier otra causa han perdido su fuente de ingresos; hace falta un programa de transferencias temporal a quienes realmente lo necesiten.
Y tercero, como hemos insistido en este espacio, se requiere establecer un sistema para el otorgamiento de créditos blandos que lleguen directos, sin comisiones ni alzas desmesuradas en las tasas de interés, a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Banco de México le ofreció créditos a la banca múltiple direccionados a las Mipymes, pero está en la naturaleza de los banqueros cobrar comisiones y los más altos intereses que el cliente esté dispuesto a pagar.
Si no se logra evitar la insolvencia y parálisis de millones de Mipymes con créditos blandos y de largo plazo, empresas y familias entrarán en moratorias "y los bancos se encontrarán en el ojo del huracán", como adelantó ayer Agustín Carstens. Y entonces el gobierno tendrá que prepararse para rescatar, no a la planta productiva generadora de empleos y riqueza, sino a la banca, extranjera en su mayor parte.
Aunque al presidente le da resquemor solicitar crédito para su gobierno, la emergencia exige que lo haga, no sólo para ayudar más a los pobres, sino para crear una red de protección social ante la emergencia y el peligro de perder inversiones productivas, empleos y arrojar a la desesperación a millones de familias.