En julio del año pasado, cuando falleció el exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro (a los 99 años de edad), comentamos en este espacio que el último gran negocio que había hecho en su vida había sido con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el cual tendría repercusiones en los siguientes años.
Recordamos cómo los gobiernos de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid construyeron cinco ciudades turísticas a las cuales denominaron Centros Integralmente Planeados (CIP): Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco; y que fue hasta la administración de Felipe Calderón que se consideró la construcción de un sexto desarrollo de este tipo.
En aquellos días, el director de Fonatur era Miguel Gómez Mont y el gobierno calderonista decidió que ese nuevo CIP se haría en el estado de Sinaloa, en el municipio de Escuinapa, en una localidad llamada Teacapán. El secretario de Turismo de ese estado era Antonio Ibarra.
En septiembre de 2008 fue cuando el propio Calderón hizo el anuncio del proyecto que, con una enorme extensión de dos mil 381 hectáreas (el doble de Cancún), se ubicaría a tan sólo 85 kilómetros de Mazatlán.
Categórico, ese día el entonces presidente afirmó que se trataba del "proyecto más importante de turismo en los últimos 25 años y será el más importante también en las dos primeras décadas del siglo XXI".
Para construir este complejo turístico, Fonatur le había comprado a Toledo Corro parte de su rancho Las Cabras, por el cual le pagó 119 millones de dólares, dinero que salió del mismo Fonatur y de un préstamo otorgado por el Fondo Nacional de Infraestructura a pagar en veinte años.
Las expectativas eran altas: el gobierno prometía invertir cinco mil millones de pesos y esperaba otros 66 mil millones por parte de la iniciativa privada.
Pero el proyecto, que acabó siendo bautizado como Playa Espíritu, nació con mal signo: siempre tuvo en contra a los hoteleros de Mazatlán, quienes se inconformaron por el nuevo CIP; a los pocos meses Antonio Ibarra fue asesinado en Culiacán y después Gómez Mont fue cesado fulminantemente por Calderón. Así, Playa Espíritu fue pasando a segundo plano en el gobierno calderonista, hasta que finalizó sin que tuviera mayores avances el desarrollo.
Llegó Enrique Peña Nieto al gobierno federal, y no supo o no quiso hacer nada por este proyecto, por lo que simplemente lo ignoró y así Playa Espíritu pasó seis años más en el limbo de la ausencia de voluntad política.
Por esto señalamos hace siete meses que Playa Espíritu sería un lastre que heredaría el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien podía haberlo ignorado por otros seis años, pero decidió actuar y tomar cartas en el asunto.
Hace unos días, durante una gira de trabajo por Sinaloa, acudió a conocer el lugar y después hizo una breve referencia al respecto:
"Es un terreno que se compró en un gobierno y tiene como dos mil 500 hectáreas para un desarrollo turístico. Pagaron como 120, 150 millones de dólares y ahí está. Entonces, vamos a ver qué hacemos con ese terreno, porque son bienes del pueblo, es dinero de los mexicanos que queremos darle uso en beneficio de Sinaloa.
"Ese desarrollo, todo lo que se obtenga de acuerdo con lo que se decida, va a ser para beneficio de Sinaloa. Les van a quedar ahí esos recursos. Nada más vamos a ver qué es lo que conviene más, si terminarlo con una promoción del gobierno, con la iniciativa privada, o subastarlo, a ver si hay empresas que quieran invertir. Venderlo sin que se pierda, es decir, que cuando menos saquemos lo que se ha invertido, porque es dinero de todo el pueblo".
Playa Espíritu es un proyecto faraónico al cual durante diez años dos gobiernos federales diferentes le estuvieron inyectando recursos sin haber logrado, hasta el día de hoy, tener un solo cuarto de hotel en funcionamiento. Ante esto, las declaraciones del presidente son sólo un inicio, pero apuntan a que, por fin, algo se hará con ese enorme terreno, lo cual es positivo, sea cual sea la decisión que se tome.