Muchos expertos, empresarios, dirigentes gremiales y analistas lo vieron venir: las acciones del gobierno de México tendrían que provocar una reacción de los socios comerciales de nuestro país en el TMEC.
Lo provocaron, una y otra vez, hasta qué pasó: llegó el lobo.
Las políticas públicas impulsadas por el obradorismo han mermado reiteradamente a las inversiones extranjeras de empresas de Norteamérica, contraviniendo las disposiciones acordadas en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Es por esta razón que la representante comercial de Estados Unidos anunció que esa nación ha solicitado consultas con México para esclarecer el trato favorable otorgado por el gobierno federal a Pemex y la CFE, en contravención a diversas disposiciones del Tratado. Dichas consultas son un mecanismo previsto en el TMEC para dirimir controversias. Por su parte, el Ministerio de Comercio de Canadá informó que también abrirá sus consultas sobre la política energética mexicana.
El gobierno de Estados Unidos considera que no obstante que en reiteradas ocasiones se intentó resolver de forma conjunta, las preocupaciones de las empresas estadounidenses, cuyos intereses han sido vulnerados, los tratos desfavorables e injustos por parte del gobierno mexicano no cesaron, y por tanto, el gobierno de Estados Unidos ha promovido la consulta para encontrar una solución que logre avanzar la competitividad de la región en su conjunto.
Es importante recordar que aunque la firma del TLC data de 1994, las políticas energéticas mexicanas permanecieron inertes hasta 2013, cuando las reformas constitucionales modificaron estructuralmente el sector, abriéndose oportunidades para inversionistas.
Desde entonces, las compañías extranjeras han establecido y operado granjas de energía eólica y solar, plantas de cogeneración y ciclos combinados, han fortalecido las interconexiones eléctricas entre México y Estados Unidos y otras empresas, al establecerse en México han importado gasolina para venta en México, entre otros cambios importantes.
Fue en 2018 que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó reformas a la política energética, con la clara intención de reinstaurar la primacía de las empresas estatales como la CFE y Pemex.
Dichas políticas, contrarias a la competencia e inversión, incluyen la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, donde, por ejemplo, los operadores de red priorizan el envío a la red mexicana de electricidad generada por la CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados, independientemente del costo o el impacto ambiental. Esto, sin duda, ha tenido consecuencias devastadoras para el sistema eléctrico nacional obstaculizando la libre competencia.
Los agravios señalados por Estados Unidos consideran que las políticas nacionales han inhibido, en gran medida, las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura para generar energía limpia, lo cual frena el avance de México para cumplir con sus objetivos climáticos derivados del Acuerdo de París, además de que se impide la innovación del sector privado del mercado energético, afectándose las cadenas de suministro de energías limpias, accesibles y asequibles
El gobierno de la Unión Americana argumenta que existen diversas violaciones a artículos del Tratado en temas de violación del principio de trato nacional, restricciones a importaciones y exportaciones, la emisión de regulaciones por parte de México que favorecen a empresas del Estado, dando como resultado normativas parciales que no respetan los términos del Tratado.
Debido a que las empresas de Estados Unidos han enfrentado un trato arbitrario en México, se ponen en riesgo cerca de 10 mil millones de dólares en inversión estadounidense en nuestro país, de las cuales gran parte son inversiones en energías renovables.
La situación actual no es exclusiva del sector eléctrico, ya que incluye, además de las reformas en materia de despacho eléctrico, agravios a empresas resultado de la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de México de las capacidades de las empresas privadas para operar en el sector energético de México.
Se suman a ello la excepción otorgada a Pemex en el plazo del cumplimiento con el contenido de azufre en diésel, entre otros.
El incumplimiento del gobierno de las cláusulas del Tratado va en aumento, e incluso hace unos días la Secretaría de Energía notificó a la CRE y al Cenegas una normativa por la cual los usuarios de la red de transporte de gas deberán demostrar que obtienen gas natural de Pemex o CFE, y no de cualquier otro competidor.
Es preocupante que el gobierno mexicano continúe argumentando que las múltiples medidas en el sector no son violatorias del Tratado, basado en el texto incluido en el capítulo octavo, al amparo del cual se escuda para restringir la participación del sector privado en contravención a la Constitución y del TMEC.
Es cierto que el tratado comercial respeta el derecho de cada país de modificar su legislación interna en la materia, pero ello es siempre y cuando se amplíe o incremente la apertura comercial, pero no es viable que los gobiernos decidan, en contravención a lo pactado, restringir la liberalización del comercio.
Según lo previsto en el TMEC, las partes iniciarán consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de Estados Unidos, a menos que decidan lo contrario. Si las partes no resuelven el asunto a través de consultas dentro de los 75 días posteriores a la solicitud, Estados Unidos pueden solicitar el establecimiento de un panel para dirimir la controversia.
Ante el comunicado hecho por la representante comercial de EU, el gobierno de México, a través de la Secretaria de Economía, manifestó su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas.
De no llegarse a un acuerdo satisfactorio en las consultas, Estados Unidos solicitará que un panel formal escuche los argumentos de ambos países.
Si bien este proceso se enfoca en lograr que México acepte acciones correctivas, los conflictos prolongados en última instancia pueden ser devastadores para México tanto en lo económico como en la relación estratégica.
En el escenario en que Estados Unidos gane el caso en el panel y México se negara a cambiar su tratamiento de la industria energética, tendría como resultado que Estados Unidos puede imponer aranceles punitivos a las importaciones de México, por ejemplo, podría diseñar estratégicamente tarifas de represalia para maximizar la presión política y económica, imponiendo tarifas a productos sensibles como aguacates, azúcar o productos manufacturados específicos. Esto podría socavar el mercado de exportaciones mexicanas a Estados Unidos que representan 79 por ciento del total de exportaciones.
Pareciera que el gobierno se hubiera empeñado en vulnerar a los inversionistas privados, ya que compañías privadas de México, EU, Canadá y Europa, que eran los mayores proveedores de electricidad que luego vendían al gobierno en subastas, y que, hasta el año pasado, de las 109 participantes en la generación de electricidad, 102 eran compañías de capital nacional y extranjero, ahora estén en desventaja frente a empresas del Estado.
Con su errática estrategia, el actual gobierno ha impactado al libre mercado, a tal grado que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió finalmente su opinión acerca de dicha estrategia del gobierno federal y señalo que la misma afectará de manera grave e irreparable las condiciones de competencia en el mercado del gas natural y el de electricidad.
Es clara la delicadeza del asunto, ya que pone en riesgo la relación comercial que ha sido tan fructífera desde que se firmó el TLCAN, y es por ello que Estados Unidos intenta por diversas vías el llegar a un acuerdo.
Esto incluye esfuerzos de conciliación durante las comisiones de libre comercio anuales del TMEC sostenidas en 2021 y 2022, y en la junta sostenida por la comisión de empresas del estado y monopolios del TMEC, así como una carta de la representante de Estados Unidos en marzo a la Secretaria de Economía, sobre las preocupaciones que surgieron por los cambios en política energética y la violación de obligaciones fundamentales del TMEC
Ciertamente, el ánimo de la mayoría de los mexicanos es mantener buenas y crecientes relaciones con Estados Unidos y Canadá, y así fortalecer a la región.
Sin embargo, el gobierno federal de México fue contumaz en sus acciones proteccionistas y contrarias al TMEC. Están a la vista las consecuencias.
Tanto se invocó y luego provocó al lobo… que llegó.
