El amparo es uno de los repertorios que existen en regímenes liberales y republicanos -si bien con diversos nombres y variantes- para proteger los derechos individuales y colectivos contra actos arbitrarios del poder.
Sin este mecanismo las personas estarían a merced de los actos autoritarios de los gobernantes, propios de los regímenes tiránicos.
En el siglo XXI hemos sido y somos testigos de la acción de diversos líderes autoritarios por reducir la autonomía individual y de la sociedad civil.
El radio de acción de estos gobiernos despóticos implica, en primer lugar, el asalto contra los poderes judiciales, a quienes inmediatamente se les identifica como el enemigo. Esto ha ocurrido en la Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan, la Hungría de Orbán, los Estados Unidos de Trump, el Brasil de Bolsonaro y, por supuesto, el México de López Obrador.
En los últimos años, ha sido cada vez más evidente la aversión del presidente mexicano hacia el sistema judicial, debido a sus resoluciones en contra de disposiciones anticonstitucionales, desde actos del propio Ejecutivo como leyes aprobadas por la mayoría oficialista en el Legislativo.
Este acoso ha sido continúo y ha escalado a niveles cada vez más confrontativos. Sin embargo, ahora el presidente sobrepasa sus propios límites, e intenta un asalto al directo derecho al amparo. En efecto, la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados planea aprobar cambios a los artículos 42, 43 y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, para que cuando una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de una ley no prospere ante la Suprema Corte de Justicia con la votación calificada necesaria, eso tenga como consecuencia automática la inviabilidad para que se promueva el juicio de amparo en contra de la misma norma. Las acciones de inconstitucionalidad son procesos que pueden intentar ante la SCJN el 33 por ciento de los senadores o los diputados, al igual que ciertos órganos como la CNDH en asuntos de su interés. Cuando prospera, con la votación de ocho o más ministros, el efecto en una declaración general de inconstitucionalidad que impide que la ley cuestionada se aplique a cualquier persona o entidad. Pero hay casos donde los ministros no aprueban la acción de inconstitucionalidad, o bien, lo hacen con el voto de siete o seis ministros. Hasta hoy, esa resolución, no afecta la posibilidad de un particular, grupo o empresa, para promover un juicio de amparo, donde cuestionen la misma ley, respecto de la afectación que genera en su órbita de derechos. El juicio de amparo habitualmente lo resuelven jueces de distrito, y si llega a la SCJN, no se atiende por el Pleno sino por la salas del máximo tribunal, por lo cual, no requiere de una votación mayoritaria calificada, haciendo más factible que el ciudadano, grupo o empresa que percibe vulnerados sus derechos, pueda obtener la protección del Poder Judicial.
La intentona del oficialismo para cerrar los caminos al juicio de amparo, constituye un verdadero asalto contra un derecho fundamental de los ciudadanos para defenderse eficientemente de actos arbitrarios e injustos de los poderes en turno.
El peligro resulta inminente, pues la propuesta ya está siendo analizada en el Poder Legislativo, a partir de su presentación por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero.
Para entender la dimensión de esta amenaza, imaginemos que la propuesta de marras del presidente estuviera vigente hoy, la reforma eléctrica -que él había promovido y sus congresistas aprobado- no habría sido detenida por una acción de inconstitucionalidad (la votación fue de 7-4) y, por lo tanto, no obstante que la mayoría la estimó inconstitucional, los particulares ya no podrían haberse amparado. La ley eléctrica estaría hoy intocada.
La defensa de la República requiere que no perdamos de vista lo que está en juego si se vulneran los derechos de defensa de los particulares frente al poder: el pacto civilizatorio entre los mexicanos.
