Durante muchos años, López Obrador y su grupo criticaron acerbamente las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores, principalmente las de Calderón y Peña. Su análisis fue de alguna manera creíble ya que, durante estos gobiernos, creció la inseguridad y el número de víctimas inocentes. El saldo rojo era demasiado evidente para ocultarlo. Emanado del mandato popular del 2018, el nuevo gobierno cambió la política, de una con énfasis en la coerción a otra basada en el apaciguamiento. El resultado no ha sido el esperado. Desde el principio fue obvio que la nueva orientación se fundaba en bases endebles. Intercambiar abrazos por balazos es indudablemente un error.
No mucho tiempo después de que hubiera quedado claro que la nueva directiva tenía que fracasar un grupo encabezado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, la Conferencia de Mayores Superiores de México, junto con grupos de la sociedad civil comenzaron a repensar una manera más efectiva de enfrentar al flagelo del crimen organizado.
El resultado fue un documento llamado Compromiso por la Paz. Lo primero que destaca de ese compromiso es su visión de Estado de largo plazo. Ese es un acierto, ya que en la condición mexicana la política de seguridad debe ser transexenal. El documento detalla cuatro estrategias para la construcción de espacios de convivencia pacífica: valorar la vida y la dignidad humana, la reparación del daño a víctimas, la reintegración de las personas involucradas en actividades delincuenciales a sus familias y la utilización de nuevas tecnologías para lograr la convivencia civilizada.
El documento también esgrime algunas críticas al actual gobierno. Por ejemplo, se plantea que existe un tejido social frágil, un sistema de justicia lejano y burocratizado, una estructura de seguridad fragmentada que imposibilita enfrentar a las bandas criminales, que hoy controlan franjas importantes del territorio nacional, así como a la militarización en marcha.
Estas y otras críticas son desde luego válidas. Fue un acierto que se haya invitado a las candidatas presidenciales y al candidato presidencial a comentar el documento. Hoy tenemos mucho más claro lo que plantea cada uno y seguramente el diálogo con el Episcopado les permitirá calibrar mejor sus ideas. Algo que habrá que tomar en cuenta es el hecho supranacional de la seguridad, ya que este no es solamente un problema nacional, sino que impacta de manera determinante en nuestra relación con Estados Unidos. Hay que, sin duda, repensarla en términos de América del Norte e incluso hemisférica.
De cualquier manera, con su documento el Episcopado Mexicano y las otras instituciones que lo elaboraron han contribuido a aclarar dónde estamos parados en materia de seguridad. Eso es de agradecer. Ahora podemos planear mejor el porvenir.
