Una de las grandes batallas del México presente y futuro será indudablemente la que se libre contra la impunidad de criminales de todo tipo.
Aunque el problema es más antiguo, la verdad es que el presente régimen -que ya gobierna no sólo la federación sino incontables localidades estatales y municipales- ha errado el camino, con su política de ‘abrazos, no balazos’.
En su intento de evitar los riesgos de perseguir a los delincuentes de una manera proactiva, el presidente y su grupo recurrieron a la exageración de prácticamente no hacer nada para investigarlos, perseguirlos y detenerlos. Si se puede culpar a las anteriores administraciones de haber lanzado ofensivas mal planeadas y realizadas para el lucimiento, muy bien se puede culpar a las autoridades actuales de falta por omisión.
Mientras esto sucede, la población mexicana continúa viviendo en condiciones de mayor violencia, donde nadie se salva.
El reciente asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California, es otro caso lamentable de esta situación.
No se puede concebir que no haya aún resultados para conocer la identidad de asesinos y sus móviles. Ella fue arteramente privada de la vida, por haber denunciado el clima de extorsión y el cobro de derecho de piso que prevalece en el Estado de Baja California y en otras regiones del país. Estas actividades que ocurren por fuera de la ley no sólo afectan el desarrollo de la industria pesquera en la región, sino que crean también condiciones para la violencia. La hora ya ha pasado para exigir a la gobernadora del estado, al presidente de la República y a los titulares de las fiscalías locales y federal que realicen las investigaciones conducentes para que este hecho no quede impune.
No es posible que en un régimen supuestamente democrático se ultimen a personas íntegras que representan a grupos productivos y honorables de la sociedad. Que se entienda: una mujer de bien fue segada de la vida porque se atrevió a denunciar a perpetradores de iniquidades. Es un deber de las autoridades que la justicia se realice en forma eficiente y expedita en este caso, por ser el más escandaloso e inmediato. Pero esa obligación se debe ampliar indudablemente a todos los casos en el futuro.
De no ser así, los ciudadanos tendrán una prueba irrefutable de que los gobernantes del Estado y el país no quieren que los mexicanos dejemos de vivir en condiciones permanentes de zozobra y miedo.
Al tiempo que muchos exigimos justicia en lo que respecta al asesinato de Minerva Pérez Castro, el momento ha llegado para demandar un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Este reclamo no es nuevo pero la llegada de un nuevo gobierno en el nivel federal puede ser un acicate para que, entre las diversas fuerzas políticas, podamos delinear, de una vez por todas, una estrategia inteligente que permita salvaguardar la seguridad de todos.
