Ahora sabemos que el proyecto del actual gobierno es autoritario. Es decir que se funda en la carencia de discusión, debate y deliberación de las políticas públicas por parte de los representantes de una sociedad diversa. Lo que se daña en este punto es la democracia deliberativa y el ejercicio de la razón pública.
Quizá la piedra de toque de este proyecto sea la militarización de la vida civil de la sociedad mexicana. En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de Guardia Nacional que está circulando, se critica la política de enfrentamiento al narcotráfico llevada a cabo por el gobierno de Felipe Calderón.
Indudablemente, hay mucho que criticar de esa tentativa y de sus malos resultados. Lo que hay que decir, sin embargo, es que ni Fox, ni Calderón, ni Peña decidieron colocar a las policías civiles bajo la égida del control militar. A esto hay que agregar —como un grave problema— el hecho de que el régimen gobernante le traspasó al Ejército una parte sustancial de actividades que le debe tocar realizar a la sociedad civil.
Lo que estamos presenciando es la continua y progresiva captura del mundo civil por parte de la esfera militar. Se trata de algo que nunca se le habría ocurrido a Calderón. Si algo merece llamarse militarización es lo que estamos viendo consolidarse frente a nuestros ojos en estos momentos.
Se trata de un asalto al principio democrático, republicano y liberal de la división de las esferas civiles y las militares. El hecho de que formalmente el mando supremo del Ejército y Fuerzas Armadas corresponda al presidente o la presidenta de la República no invalida el hecho de que esté ocurriendo un proceso de militarización de la vida civil.
El oficialismo argumenta en el dictamen que la principal razón que lo llevó a proponer la reforma que consolidará a la Guardia Nacional como parte del orden militar es, por un lado, el alto grado de corrupción de las policías y, por el otro, el alto nivel de aprobación ciudadana que tienen las instituciones militares. La implicación es que esta reforma existe porque así lo quiere la ciudadanía, como una forma de solucionar el problema de la corrupción de las policías, principal causa de la inseguridad.
Ante esto hay que decir, en primer lugar, que no ha habido todavía un plebiscito bien organizado en el que se le haya preguntado a la población si quiere que las labores policiacas sean trasladadas a la estructura militar. En segundo lugar, la idea de que por estar bajo la égida militar los policías van a dejar de ser corruptos no tiene una comprobación empírica. En el mundo hay muchas estructuras policíacas no aquejadas de corrupción que no son parte de la milicia.
En tercer lugar, difícilmente se sostiene el argumento según el cual la corrupción de las policías en México es la causa fundamental de la inseguridad. Hoy en día, de hecho, muy bien se podría argumentar que la principal causa de la violencia en nuestro país es la incapacidad del Estado para actuar contra los delincuentes. Esto no es responsabilidad de las policías, sino de decisiones tomadas por el Ejecutivo.
Todo esto se complica cuando nos damos cuenta de la forma desaseada en que se han estado aprobando las leyes, desde que el Congreso actual comenzó a trabajar.
Lo que queda ahora es seguir luchando para que la Guardia Nacional se mantenga dentro del orden civil y que no se incorpore al orden militar. Que quede claro, no queremos un México militarizado.
