La iniciativa de reforma constitucional en materia de áreas estratégicas, que impulsa el oficialismo, busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. El espíritu de estos cambios es ir en oposición a los planteamientos sugeridos en la reforma del 2013. No se trata solamente de cambios administrativos, sino de un planteamiento filosófico, político y económico acerca de cuál debería ser la mejor manera de administrar recursos. La iniciativa hace un cambio de orden no sólo terminológico sino conceptual cuando sustituye la expresión “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”. La distinción es fundamental para entender el sentido profundo de la reforma que intenta definir el marco en que operará la empresa o las empresas gubernamentales que gestionan la producción, transmisión y distribución de energía en México. Se entiende que una “empresa productiva del Estado” busca administrar sus recursos de tal manera que las inversiones que se hagan puedan ser rentables, aunque la rentabilidad no sea su única razón de ser. Por el contrario, una “empresa pública del Estado” no necesitaría ser superavitaria en sus operaciones. Es decir, podría operar con pérdidas recurrentes, sin por ello abandonar su esencia. Esto implica, en la realidad, que la hacienda pública -financiada por la contribuciones fiscales de los ciudadanos- cubriría sin mayor contradicción los déficits en que incurrieran las “empresas públicas del Estado”. Aquí habría que hablar de límites. La pregunta es: ¿Hasta qué punto una empresa o varias empresas del Estado pueden incurrir en pérdidas sin afectar el bienestar general? Esta es una pregunta que al parecer no se han hecho los promotores de la reforma, quienes sólo se han concentrado su retórica en ofrecer servicios pretendidamente baratos a los consumidores. Asumir la inviabilidad financiera como un hecho regular, puede llevar irremediablemente a la insolvencia.
Parece ser que el proyecto de nación del nuevo gobierno será financiado por grandes déficits fiscales. Hay que recordar que el sexenio que recién concluyó, generó el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios, incluso con el aumento en la recaudación fiscal. Hay que recordar también que Pemex es ahora la empresa estatal petrolera más endeudada del mundo a pesar de inusitada inyección de recursos fiscales a su operación. Lo que se espera entonces, con el nuevo, pero retrógrada planteamiento, es que la empresa o las empresas que producen, transmiten y distribuyen energía se endeudarán de manera prominente y apartada de la razonabilidad. Esto no será sólo un problema del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, no esperemos que la calidad de los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica que, de acuerdo con la ley, serán potestad únicamente del Estado, sean de alta calidad, pues para ello se necesitan modelos de gestión de eficiencia, que es exactamente lo que la reforma constitucional rechaza.
Finalmente, aunque la iniciativa de reforma deja espacio a inversiones privadas en áreas supuestamente no estratégicas, habrá que ver lo que se determina en las leyes secundarias. Será fundamental que estas no obstaculicen, sino que por el contrario, auspicien más y mejores inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales en el sector energético. En los años y décadas por venir, la complementariedad de lo público y lo privado, armonizado bajo el crisol de la competitividad del país, debería ser el punto cardinal de las políticas públicas en materia energética.
