De saqueos y reformas

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La liberación del precio de las gasolinas ha detonado una sensación de vulnerabilidad en el frágil equilibrio que vive el país. Dos fenómenos me parecen los más relevantes: las manifestaciones que en algunos casos han derivado en saqueos y el potencial riesgo de que la reforma energética –al menos parcialmente– se revierta.

Los saqueos han demostrado nuevamente la incapacidad de todos los niveles del gobierno mexicano para imponer el Estado de derecho. Las imágenes grabadas por los medios o por observadores ocasionales no pueden ser más reveladoras: las fuerzas de justicia no sólo son rebasadas por los saqueadores, sino que éstas aparecen como actores de reparto en eventos en los que su acción se supone indispensable. Los elementos de seguridad parecen carecer de cualquier legitimidad para ejercer su trabajo. La condición weberiana del Estado como el actor con el monopolio legítimo de la violencia parece una mera ilusión.

El descontento que ha detonado el gasolinazo también ha supuesto un duro golpe para la reforma energética. Si bien desde su publicación en 2013 la reforma ha pasado por distintas fases de las cuales la competencia en la comercialización de los combustibles fósiles es sólo una parte marginal, el gasolinazo provocará la intensificación de las descalificaciones de la reforma por parte de los detractores de ésta, siendo el más importante López Obrador –el principal ganador de las manifestaciones.

Irónicamente, el mayor responsable de que la reforma energética sea el blanco de ataques es el gobierno federal. Las manifestaciones y los saqueos son sólo la gota que derramó el vaso. El origen del descontento está en la idea de que a la gente se le vendió gato por liebre. Las promesas de disminución de precios se han convertido en lo opuesto; las promesas de anticorrupción y austeridad se han transformado en deuda pública y políticas anticorrupción estériles.

Twitter: @gustavo_gilr

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