Crisis de Estado

Director Ejecutivo de Integralia Pública, A.C.

El Estado mexicano se enfrenta a una crisis de gobernabilidad y credibilidad institucional sin precedentes en los últimos 50 años, y el jefe de Estado y de gobierno –el Presidente Enrique Peña Nieto— no está mostrando ni la capacidad ni el liderazgo para resolverla. De hecho, cuando pudo convertir la crisis en una oportunidad, optó por anunciar (a las élites presentes en Palacio Nacional, ya que ni el tono ni el contenido del mensaje fue dirigido a la Nación) 10 medidas administrativas, frívolas y desencajadas, que abonaron más incertidumbre a un país enojado y sediento de respuestas.

Aunque las malas decisiones de Peña y su gabinete fueron el catalizador de la crisis, su origen radica en una falla estructural de la democracia en México: la construcción de una democracia sin Estado para la democracia. Cabe recordar que el Estado es el ancla indispensable de los diversos derechos de ciudadanía implicados y demandados por la democracia, tales como los de asociación, expresión, movimiento y acceso a la información. Un "buen" Estado, es decir, un Estado de y para la democracia, se caracteriza por la rendición de cuentas, tanto vertical como horizontal, de sus integrantes.

Mientras la rendición de cuentas vertical es ejercida por medio de elecciones que determinan a los ocupantes temporales de las posiciones de gobierno, la rendición de cuentas horizontal requiere de la existencia de agencias estatales con la autoridad legal, disposición y capacitación para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o juicio político, en relación con actuaciones u omisiones de funcionarios o instituciones del Estado que pueden ser calificadas como ilícitos. La principal debilidad del Estado mexicano –es decir, la falla estructural de la democracia en México— radica en la escasa o nula rendición de cuentas horizontal de sus instituciones e integrantes.

El supuesto básico de la rendición de cuentas horizontal es que todos, incluyendo a las más altas autoridades gubernamentales, estamos sometidos a la ley, y nadie, incluyendo al Presidente de la República, puede declararse explícita o implícitamente exento o por encima de ella. Sin embargo, como las tentaciones del poder son inmensas, nuestra Constitución cuenta con diversos mecanismos destinados a establecer los controles necesarios para que las transgresiones sean prevenidas y, llegado el caso, castigadas. Esos mecanismos incluyen desde los clásicos pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta instituciones de fiscalización y control como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Para convertir la crisis actual en una oportunidad, el gobierno de Peña no sólo debe reconocer públicamente la gravedad de la misma, sino que también debe emprender las acciones necesarias para (re)construir el sistema de rendición de cuentas horizontal del Estado mexicano. Sobra decir que estas acciones van mucho más allá de un puñado de reformas legales y constitucionales; requieren de la voluntad de aplicar la ley a todos los funcionarios implicados en presuntos ilícitos sin importar las consecuencias, de fortalecer a los poderes Legislativo y Judicial para que ejerzan a plenitud sus funciones de fiscalización y vigilancia de los otros poderes, y de permitir que las acciones de instituciones clave como la SFP, la ASF y la FGR tengan consecuencias a la vista de todos. Cualquier otra medida no sólo abonará poco a resolver la crisis, sino que podría inyectar más cinismo, decepción y hartazgo a una sociedad sedienta de respuestas. Se agota el tiempo y si se hunde el barco nos ahogaremos todos.