Por Orlando Corona Lara, Presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF. orlando.corona@crowe.mx
Durante varios años, diversos organismos públicos y privados, entre ellos el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), se dieron a la tarea de evaluar a profundidad el sistema de pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada establecidas en la Ley del Seguro Social vigente a partir de 1997.
El diagnóstico fue contundente. Primero, la densidad de cotización era baja, por lo que solo el 30% de los trabajadores (“Generación Afore”) podían aspirar a una pensión. Segundo, estos porcentajes de aportación reducidos generaban recursos pensionarios insuficientes; solo el 70% de trabajadores pensionables podían aspirar a una pensión mínima garantizada. Tercero, la pensión mínima se financiaba sustancialmente por el estado, hecho que ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema.
Todo lo anterior impulsó la reforma que entró en vigor el 1º de enero de 2021, justo cuando empezarían a pensionarse los trabajadores de la Generación Afore.
La reforma reduce las semanas de cotización requeridas, iniciando con 750 semanas y concluyendo con 1,000. Establece una pensión garantizada determinada de manera dinámica con base en la edad, las semanas cotizadas y el rango salarial del trabajador. Incrementa gradualmente la cuota patronal a partir de 2023 y durante los siguientes ocho años para acercar la aportación a estándares internacionales. Redirecciona la cuota social para que sea destinada exclusivamente a los trabajadores con salarios bajos. Y establece un tope máximo a las comisiones que pueden cobrar las Siefores.
Resulta interesante analizar el impacto que tiene esta reforma en los trabajadores, las finanzas públicas y el ahorro interno. Comenzamos por los trabajadores.
La reducción del número de semanas necesarias para tener derecho a una pensión hace asequible la pensión a un número mayor de trabajadores. De acuerdo con estimaciones de la Consar, en el año de entrada en vigor de la reforma (2021), se pudieron pensionar alrededor de 48,000 trabajadores. Sin la reforma, solo se habrían podido pensionar un poco menos de 3,000. Paralelamente, la tasa de reemplazo promedio creció del 30% al 70% del salario.
Un trabajador con rango salarial de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) y 1,000 semanas cotizadas antes de la reforma no alcanzaba una pensión. Con la reforma, podrá obtener una pensión garantizada de $6,181. Y si llega a cotizar durante 1,250 semanas, podrá acceder a una pensión garantizada de $8,241 a diferencia de los $3,289 a los que tenía derecho antes.
Todo esto se logra con un impacto casi nulo en las finanzas públicas. Si bien la reforma contempla una pensión mínima garantizada, el incremento de cuotas genera tanto aumento natural de los activos financieros administrados por las Siefores que ahora la mayoría de los trabajadores podrán acceder a una pensión mayor a la garantizada. Además, se elimina la aportación del gobierno federal, y se redirecciona la cuota social a solo los de salarios bajos.
¿Y qué tal el ahorro interno, fuente del fondeo de la actividad productiva? La reforma lo aumenta sustancialmente. De acuerdo con el Banco de México, con la reforma, los activos netos administrados por las Siefores podrán alcanzar 56% del PIB en el año 2040. Sin la reforma, habrían alcanzado solo 35%.
Hemos demostrado que la reforma de pensiones se traduce en grandes beneficios para la sociedad. Cabe señalar, sin embargo, que para que los beneficios de la reforma se potencialicen, será necesario acompañarlos con políticas públicas que tiendan a incentivar una mayor formalización del mercado laboral.
En el Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, seguimos analizando alternativas que coadyuven a mejorar las pensiones.