En el pago de apoyos sociales del nuevo gobierno sólo pueden participar las instituciones financieras que tienen acceso al SPEI del Banco de México, la "Supercarretera" electrónica a la que hoy sólo los bancos comerciales pueden entrar. Mientras que la inclusión financiera de la población más desprotegida pasa por la Banca social integrada por sociedades de ahorro y préstamo que atienden a 12 millones de personas pero que no tienen acceso al SPEI. La masificación del dinero electrónico será inviable si no se integra a la banca social a los medios electrónicos de pago.

La novedad financiera más importante en el nuevo gobierno es el lanzamiento del Código Digital (CODI), una innovación tecnológica desarrollada por el Banco de México para que las personas puedan hacer pagos digitales mediante un celular, siempre y cuando tengan dinero en una cuenta bancaria. También conocidos como Pagos digitales, el uso del CODI facilitará a la base de la pirámide el acceso a medios de pago electrónicos.

Hace más de una década, otra innovación tecnológica del Banco Central fue decisiva para crear la moderna plataforma de medios electrónicos de pago que hoy opera en México: el SPEI (sistema de pagos electrónicos interbancarios). El SPEI nos permite usar transferencias electrónicas en cualquier momento de las 24 horas los 365 días del año. Desde el hogar, desde la oficina, durante el trayecto de viaje. Enviar dinero a familiares, proveedores, pagar tarjetas de crédito, créditos bancarios, pagar servicios de gas, electricidad, telefonía o la renta mensual de un departamento. En su momento el SPEI fue una espectacular innovación a nivel internacional. Aun en la actualidad, es una innovación internacional; aunque con poca masificación de uso entre la población. Al igual que el CODI, para hacer uso del SPEI debemos contar con una cuenta en un banco comercial.

El que, hasta la fecha, el nuevo Gobierno sólo haya considerado la participación de los Bancos Comerciales y no haya abierto su diálogo y participación con la Banca Social, puede tener inquietantes repercusiones en la consolidación de un monopolio financiero (Banco Azteca) en la base de la pirámide; pero lo más importante, puede ocasionar un retraso o incluso un boicot a la inclusión financiera de la población. Dar una tarjeta plástica con el dinero de los subsidios sociales no es bancarizar ni garantizar la inclusión financiera de la población. Ese trabajo de atender con diversos servicios financieros, créditos productivos adaptados a las economías locales, créditos a la comercialización de productos agrícolas, créditos a microempresas, a la vivienda; mecanismos de ahorro e inversión a población atomizada en los territorios rurales, mediante mecanismos de organización social y educación financiera, todo esto requiere instituciones financieras con vocación y atención física en los territorios rurales de México. Inclusión financiera posibilita el uso de medios electrónicos de pago.

La Banca Social (Socaps, sofincos, sofipos) también puede ofrecer transferencia de dinero a cuentas de ahorro de los beneficiarios de los programas gubernamentales, de hecho muchos de esos beneficiarios son socios de cooperativas o sofincos, pero no pueden recibir los apoyos públicos en sus cuentas de ahorro, en sucursales de proximidad y tienen que ir a las ciudades a cobrar en los bancos comerciales. Esto es así porque la banca social sufre el atraso tecnológico por su escasa capitalización; sus sistemas de información muy diversos y de muy diferenciada calidad o modernidad inhiben la participación en el SPEI, los costos de participar y los requisitos de certificación del Banxico no son fáciles ni baratos. Subir a la banca social a la supercarretera de pagos electrónicos requiere inversiones en tecnología, que el Estado debe apoyar para ampliar la inclusión financiera y promover democracia financiera. Porque la Banca Social son organizaciones financieras de los propios beneficiarios de programas sociales.

Pero el diálogo se ha sesgado solo a bancos comerciales, excluyendo la amplia cobertura de sucursales de la banca social (más de 3,450 sucursales) que precisamente tiene mayor interacción con la población vulnerable.

Todas estas novedades, -el CODI, los pagos directos a cuenta bancaria y el uso de dinero digital- serían extraordinarias noticias de democracia financiera si no existieran claroscuros en el sistema financiero mexicano: la escasa penetración de infraestructura financiera donde la mayoría de municipios no cuentan con una oficina bancaria y la amplia exclusión financiera de los mexicanos. Adicional a lo anterior y para acrecentar las brechas del desarrollo: la exclusión digital de amplias regiones del país. Exclusión financiera y exclusión digital conforman la encrucijada de la superación de la pobreza.