Isabel Cruz

Ley FINAGRO y el Parlamento abierto en Diputados: ¿crédito para quiénes?

Los resultados de la Encuesta Nacional Agrícola del 2017 muestran que sólo 9% de los productores rurales tienen acceso al crédito y que la principal oferta institucional no es de la banca de desarrollo.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha mostrado las enormes desigualdades y diferencias que coexisten en nuestro país: Ignorancia, fanatismo, ausencia de institucionalidad, desempleo masivo, abandono institucional, dificultad para hacer llegar la información, para que se crea en ella y en la inminencia del riesgo. Un sistema de salud desvalijado y sin inversiones. Coexisten los escenarios de confinamiento de primer mundo con Home Office y compras por internet; con el abandono y la atomización rural cuya única protección frente la pandemia ha sido el cierre de territorios.

Esa misma diversidad se puede verificar en las posiciones y opiniones sobre la Ley Finagro vertidos en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (Junio 8, 15 y 22) que preside la Dip. Patricia Terrazas. Para algunos "expertos" financieros, los pobres no pueden pagar créditos y "esos" deben ser atendidos por los programas del Bienestar, mientras para otros el crédito de la banca de desarrollo debe ser barato y de primer piso, sin intermediarios. Ambos bandos, desconocen la realidad del crédito a la base de la pirámide. Basta asomarse a las utilidades de Banco Compartamos y del Banco Azteca para verificar que los pobres sí pagan créditos.

¿Para qué un Banco en lugar de una Financiera? ¿Qué garantiza que ahora sí, el Banco de Desarrollo es para TODOS los productores? ¿Cómo el nuevo banco Finagro logrará otorgar una tasa barata (de un dígito)? Y ¿Cuánto pagaremos los mexicanos por la nueva-vieja aventura?

Los resultados de la Encuesta Nacional Agrícola del 2017 muestran que sólo 9% de los productores rurales tienen acceso al crédito y que la principal oferta institucional no es de la banca de desarrollo sino de las cajas de ahorro (23%), es decir, sociedades de base local y territorial donde los productores se asocian y el crédito responde a realidades diferenciadas. Cerca de 4.5 millones de productores no tienen acceso al crédito, ¿Qué propone la Ley Finagro para lograr que 5.0 millones de campesinos tengan acceso viable y permanente al crédito? Lo de siempre: enfoque al primer piso y operar con intermediarios financieros privados.

¿Cómo lograr tasas de interés baratas? Los altos costos de operación, la cartera vencida y las pérdidas patrimoniales han provocado que la FND tenga tasas de crédito promedio del 16% al productor, a pesar de la reducción en tasas del Banxico ( y ahora con la Ley Finagro argumentan que siendo banco se pueden emitir bonos y tener acceso a créditos internacionales baratos); según este enfoque, eso nos dará acceso a tasas de interés bajas. Eso no es cierto. Aunque encontremos tasa cero en los mercados internacionales, la tasa de interés al productor dependerá de los costos de operación de Finagro, de la calidad de la cartera, de la eficiencia operativa que a su vez deriva de saber prestar a diferentes tipos de productores y lo más importante, de saber recuperar los créditos. Nunca, en sus ochenta años de vida la banca centralizada de desarrollo ha logrado eso en México. ¿Porqué habría de lograrlo ahora?

Con una cobertura de atención tan débil (no mayor a 200 mil productores en la última década), procesos tortuosos y políticas de crédito que hacen inviable el acceso a los pequeños productores (garantías, tasas, requisitos), se requiere una revolución creativa para encontrar soluciones y eso debe ser el enfoque a enriquecer en la Ley Finagro: fomentar que los propios productores organicen sus intermediarios de ahorro y crédito.En la iniciativa faltan compromisos de un verdadero enfoque de desarrollo, recuperar los compromisos con la población indígena de la Ley de la Financiera Rural, reconocer y comprometerse con los intermediarios financieros de los productores. Una banca de desarrollo debe fomentar y desarrollar la organización de productores en intermediarios financieros propios, de ámbito local y territorial.

Todos en el campo queremos una Banca de Desarrollo fuerte, sólida y con gran poder de incidencia económica y estructural. Buscamos que apuntale créditos de infraestructura equipamiento y cadenas de valor con créditos de largo plazo y tasas accesibles. Pero es importante reconocer las limitaciones de un modelo de Banca de Desarrollo centralizada y estandarizada: no tiene capacidad de atender a todos los productores, y menos a los muy diversos contextos de desarrollo. La amplia, diversa y flexible capacidad operativa de las sociedades de ahorro y crédito son el mejor aliado para lograr un nuevo, amplio y plural sistema financiero rural. FInagro debe aprovechar esa oportunidad.

Las voces que cuestionan la capacidad de pago de los pobres discriminan las realidades mayoritarias que desconocen. Es bueno recordarles que en 1990, Carlos Salinas sacó del Banrural a 1.2 millones de productores acreditados con el mismo argumento: los pobres no pueden pagar tasas de interés. Los envió al programa "Crédito a la palabra" de Sedesol. Esos campesinos nunca volvieron a tener acceso al crédito productivo. En la actual discusión de la Ley Finagro la discusión es al revés: hay quienes no quieren abrirles la puerta a los pobres.

COLUMNAS ANTERIORES

El bitcoin no abarata el costo de transferir remesas
Estrategias financieras de los Migrantes en EU y pandemia por Covid-19

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.