El constante cambio del mercado laboral, la rotación frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de formas de contratación han provocado que, desde hace unas décadas, el aumento significativo de los conflictos laborales sea considerablemente crítico. Esto se debe, principalmente, a la globalización y a la reestructuración productiva, lo que ha derivado también en ajustes y modificaciones en el mercado de trabajo.

En el caso de México, los procesos laborales fueron creados en condiciones históricas totalmente distintas y contrastantes con las que vivimos actualmente, en consecuencia, el ritmo en la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad, motivo por el cual resultaba necesaria una reestructuración hacia un nuevo sistema laboral procesal, que proporcione certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los patrones.

Frente a este contexto y como parte de los compromisos establecidos en el Anexo 23 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 de mayo de 2019 se realizaron significativos cambios legislativos en materia laboral mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que hace a la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva; con ellos se busca impulsar la evolución de los procesos de justicia laboral, en perspectiva a hacerlos más ágiles, además de estar a cargo de Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, el cual podrá tomar decisiones autónomas e independientes.

La reforma publicada establece que los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, implementando Tribunales Laborales especializados para impartir justicia bajo un sistema completamente oral, con mecanismos que abonen a hacer más eficientes los procedimientos, acortando tiempos para que la justicia llegue a las partes con mayor celeridad.

Dichos tribunales laborales, ya sean federales, de las entidades federativas o de la Ciudad de México, estarán a cargo de un juez, quien deberá de estar presente en el desarrollo de todas las audiencias; también contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial Local según corresponda.

Este cambio de impartición de justicia, trae consigo un beneficio en los tiempos y carga de demandas que tendrán las empresas en los siguientes años, puesto que plantea una conciliación prejudicial obligatoria, en la cual patrones y trabajadores tendrán que acudir a un centro de conciliación, el cual en algunos estados de la República en donde ya se ha implementado este nuevo modelo, ha tenido gran efectividad, por lo que se reducen de manera importante las contingencias y los juicios activos para las empresas.

En caso de que no sea posible llegar a un acuerdo entre las partes, se podrá iniciar el proceso de juicio, el cual, en la teoría, tendrá que realizarse de manera más breve puesto que se desahogará en dos audiencias con plazos mucho menores a los actuales; de esta forma, después de los términos y audiencias desahogadas, se estima que se deberá contar con una sentencia en un plazo aproximado de seis meses, cuando en promedio, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la vida de los juicios tramitados ante las Junta de Conciliación y Arbitraje era de aproximadamente entre dos y tres años.

La implementación de la reforma laboral se llevará a cabo en tres etapas de forma gradual e irá tomando vigencia en las diferentes entidades del país, la primera etapa inició su implementación el 18 de noviembre 2020 en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, este último solo en el ámbito federal.

La gran apuesta del nuevo sistema de justicia laboral es la conciliación, ya que se pretende que al menos el 60 por ciento de los conflictos que se den entre trabajador y empresas, se resuelva mediante el Centro de Conciliación, sin necesidad de llegar a juicio.

Es importante mencionar que, la transición del procedimiento laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Laborales del Poder Judicial no garantizará la agilidad de los procesos laborales individuales por sí sola, sino que es trabajo de todos los actores involucrados: empresas, autoridades, trabajadores y abogados.

Desde la perspectiva de las empresas, resulta prioritario que tengan en mente otorgar capacitaciones constantes a sus departamentos jurídicos y de relaciones laborales internos, con la finalidad de que todos se encuentren familiarizados con el nuevo procedimiento y no poner en riesgo los intereses de la empresa desde la conciliación prejudicial hasta la audiencia de juicio.