BC: el oportunismo de la oposición
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BC: el oportunismo de la oposición

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BC: el oportunismo de la oposición

29/07/2019
Actualización 29/07/2019 - 15:12

No hay lugar a dudas, es inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso saliente de Baja California para ampliar el mandato del próximo gobernador de dos a cinco años, y lo es porque se hizo con posterioridad a que los ciudadanos emitieran su voto a favor de Jaime Bonilla. Una vez que el abanderado de Morena había ganado la elección del 2 de junio pasado, los legisladores locales, aún en funciones, determinaron modificar el texto de la Constitución estatal –8 de julio– para extender su mandato, en un evidente atropello a la voluntad popular expresada en las urnas, que había respaldado un gobierno de dos años.

Por supuesto que la Legislatura saliente puede aprobar una reforma constitucional hasta el último día de su mandato, pero siempre que, en primer lugar, se cumpla con los requisitos de mayoría calificada del Congreso (17 de los 25 votos) y que reciba la aprobación de al menos tres de los cinco ayuntamientos del estado. La limitante expresa es aprobar una reforma en materia electoral durante los 90 días previos al inicio del proceso comicial, con objeto de no cambiar las reglas del juego de una elección cuando esta ya está en curso, para dar certeza a los contendientes y, sobre todo, a los electores. Pero, hacerlo una vez realizada la elección es cambiar los términos de la elección a posteriori, trastocando el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus autoridades y representantes populares para los cargos sujetos a relevo y por los plazos previamente establecidos.

Tal como han señalado insistentemente juristas y expertos, esta ampliación de mandato, después de la votación, es un fraude a la voluntad popular y por ello a la Constitución. Aunque Bonilla y Morena son responsables por haber promovido una reforma anticonstitucional, esta no habría podido aprobarse sin el respaldo de los diputados de los partidos que próximamente conformarán el flanco opositor. Sin los votos, sobre todo del PAN (12 diputados), pero también del PRI (cinco diputados), Morena, que en la actual XXII Legislatura estatal sólo cuenta con tres diputados, no habría podido orquestarla, ni aun con el apoyo de sus aliados del PT (un diputado) y Transformemos (partido local, heredero del PES que perdió su registro nacional, un diputado).

Con la aprobación de la ampliación del mandato, los partidos, que a partir de agosto serán la oposición en el Congreso de Baja California, mostraron su franco oportunismo y su visión de corto plazo frente al próximo gobierno de Morena, que tendrá mayoría absoluta en el Congreso y, además, el control de los cinco ayuntamientos de la entidad.

Está claro que el gran beneficiado de la controvertida reforma constitucional es el propio gobernador electo, Jaime Bonilla, quien ganó la elección con una votación mayoritaria de 50.4 por ciento, aunque gracias al arrastre del líder personal de Morena. Pero su capital político y su legitimidad no lo eximen de la responsabilidad de haber promovido esta reforma para extender su gobierno por tres años más de los establecidos en la Constitución local desde 2014.

Es reprobable, aunque explicable, que los diputados salientes avalaran la iniciativa de reforma constitucional de Morena, porque las elecciones del 2 de junio pasado pulverizaron al sistema de partidos y redujeron al máximo lo que será el flanco opositor. Hay que recordar que en las elecciones de 2019, el PAN perdió ocho de los 12 diputados que tenía, para conservar sólo cuatro, y el PRI se quedó en los márgenes del registro estatal, porque de cinco diputados sólo conservó uno.

Este caso de violación constitucional de Baja California es una manifestación clara de la falta de integridad de los partidos que ya son, hoy, la oposición nacional al partido dominante. Es también una muestra de lo frágil que es nuestra democracia cuando se desmorona el sistema de partidos, dejándonos sin una oposición que esté dispuesta a asumirse como tal, en lugar de hacerle el trabajo sucio al partido dominante a cambio de que les proteja las espaldas. No es un asunto de negociación que, en política, siempre es pertinente para arribar a acuerdos, sino de que esta se haga al margen de las reglas establecidas, como en este caso, atropellando principios constitucionales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.