La consulta popular a la que convocó el Congreso de Baja California, de mayoría morenista, para que la ciudadanía avale la reforma constitucional que extiende el periodo del futuro gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, es una burda maniobra para retrasar la publicación de dicha reforma, lo cual es indispensable para que eventualmente la Suprema Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad. Además, la consulta popular es ilegal porque viola dos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del estado.
Es difícil no estar de acuerdo con una consulta a los ciudadanos sobre un tema tan relevante, como es ampliarle el mandato a un gobernador. La burda maniobra está en pretender utilizar una acción encomiable, como es acercar a las autoridades a los ciudadanos para que opinen sobre las decisiones de aquéllas, para respaldar popularmente una reforma que a todas luces es anticonstitucional.
Baja California es una de las pocas entidades que cuenta con una buena Ley de Participación Ciudadana desde 2001; es decir, el estado ha sido vanguardista en la regulación de las figuras de democracia directa –referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana y consulta popular. Como en todos los casos, la ley señala ciertas condiciones para realizar las consultas a la ciudadanía, pues no proceden en materia electoral ni en temas de la organización de la administración pública del estado (art. 73 bis 7), y la ampliación del mandato de un gobierno, surgido de la voluntad de los electores, es un asunto que abarca a ambas limitantes. Hay un inconveniente legal más, pues la ley señala que en años de elecciones las consultas deben realizarse el mismo día de la jornada electoral y BC tuvo elecciones el pasado 2 de junio.
En dichas elecciones Morena se llevó todo, pues además de la gubernatura ganó las cinco presidencias municipales del estado y la mayoría en el Congreso local, que con sus aliados le alcanza para tener la mayoría calificada. Por eso los legisladores convocantes saben bien que no tendrán problema alguno para que acuda al menos 20 por ciento de los electores para hacer vinculante su decisión (art. 73 bis).
Hay un abuso en la utilización de una figura noble, como es la consulta popular, porque se pretende que sirva para reforzar la legitimidad democrática a la ampliación del mandato que, además de contravenir la decisión del electorado de BC que votó por un gobierno de dos años, viola la Constitución federal de 2007, que estableció que se adecuaran los calendarios electorales de los estados para empatarlos con las elecciones federales (art. 116-IV-a) y que fijó un plazo para que las legislaturas locales hicieran sus respectivas reformas constitucionales para adecuar los calendarios (art. 5º transitorio).
La consulta popular es una invitación a que los ciudadanos respalden un conjunto de violaciones legales y constitucionales que, por cierto, no son sólo responsabilidad de la actual legislatura de amplia mayoría morenista, sino que iniciaron con la pasada legislatura de mayoría panista que respaldó la controvertida ampliación del mandato. La responsabilidad por las violaciones constitucionales y legales es compartida y en las maniobras está involucrado también el gobernador en funciones, Francisco Vega de Lamadrid, quien se ha negado a cumplir su obligación de publicar la mencionada reforma constitucional para darle vigencia y abrir la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Su argumento para avalar su omisión es que la reforma contradice la voluntad de los electores, pero tampoco utilizó sus facultades para vetarla.
¿A qué está jugando la clase política de BC? ¿A llevar la controversia al extremo para generar un conflicto entre la constitucionalidad de la ampliación del gobierno de Bonilla y la manifestación del respaldo popular con el que evidentemente cuenta? ¿Se quiere contraponer la fuerza de la legalidad a la de la movilización popular? Bonilla debe tomar posesión el próximo 1 de noviembre y para entonces deberá haber entrado en vigor la reforma que extiende su gobierno a cinco años, pero ¿qué pasaría si esto sucede sólo unos días antes, sin dar tiempo para que la SCJN se pronuncie sobre su constitucionalidad? ¿Estaríamos ante hechos consumados?